La Semana Santa en España no es solamente un periodo de descanso o vacaciones, sino un momento especialmente significativo para millones de personas, en particular para la comunidad católica, que vive con intensidad la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Su profunda relevancia religiosa y cultural se manifiesta en las innumerables procesiones que recorren calles y plazas, en actos litúrgicos llenos de simbolismo y recogimiento que congregan a creyentes y no creyentes, mostrando una dimensión social trascendente. Este periodo, más allá de la fe individual, también coloca en el centro del debate público el carácter aconfesional del Estado español establecido en la Constitución de 1978, cuyo artículo 16 reconoce expresamente la libertad religiosa y prohíbe que ninguna confesión tenga carácter estatal. Sin embargo, el mismo artículo obliga a los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas presentes en España, singularmente con la Iglesia Católica, que continúa siendo mayoritaria. Este principio constitucional implica una «laicidad positiva», concepto subrayado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 141/2000, que no consiste en una neutralidad pasiva o distante, sino en un apoyo activo y respetuoso hacia las diversas manifestaciones religiosas existentes en la sociedad, siendo mayoritario el catolicismo.

Paradójicamente, ciertos sectores radicalmente laicistas, que suelen cuestionar duramente cualquier muestra pública de fe católica bajo el pretexto de defender una estricta separación Iglesia-Estado, adoptan posiciones mucho más tolerantes o incluso elogiosas hacia celebraciones religiosas distintas, como el Ramadán. Mientras algunos felicitan con entusiasmo festividades religiosas ajenas al catolicismo, al mismo tiempo muestran una incomprensible hostilidad hacia tradiciones profundamente arraigadas en la identidad cultural y espiritual de la mayoría social española.

Es innegable que España, donde cerca del noventa por ciento de los recién nacidos reciben el bautismo y el ochenta por ciento de los funerales se celebran con rito católico, posee una realidad social que los poderes públicos no pueden ignorar ni mucho menos menospreciar bajo una falsa interpretación de la aconfesionalidad. La colaboración y el respeto por las creencias religiosas, especialmente la mayoritaria, no son una opción política circunstancial, sino una obligación constitucional clara y firme que exige una actitud de cooperación abierta y constructiva. Como señalaba san Agustín: «La fe es creer lo que no ves; la recompensa de esta fe es ver lo que crees».

La Semana Santa es, en definitiva, una oportunidad para reflexionar sobre el respeto mutuo y la coherencia en la defensa de libertades fundamentales. Más allá de debates interesados o enfrentamientos ideológicos, prevalece la esencia del mensaje que estos días transmiten: un mensaje de paz, razón y alegría. Para los cristianos, Dios es trascendente y su modo de ser es radicalmente distinto a cualquier otra cosa del universo, lo cual obliga a la búsqueda del bien y de lo justo de forma permanente.

El sometimiento total de la sociedad al imperio de la ley establece entre los hombres el vínculo de una solidaridad abstracta; pero esto no debe impedir la búsqueda y discernimiento de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo, y no sólo en la incidencia del hecho religioso en el plano individual, sino que hace compatible el uso de cauces democráticos, para intentar llevar al plano de la legalidad los cánones de espiritualidad, así como de principios y valores que garanticen la defensa de la esencia y trascendencia del ser humano y sus creencias, porque nuestro sistema político así lo permite, si bien ese plano colectivo deberá pasar el éxito del sistema de las mayorías democráticas. «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá» (Juan 11:25).