Revolución educativa en Argentina

Para un liberal libertario, la economía desde luego no lo es todo. Hay otros ámbitos decisivos de la vida social donde el Estado también ha levantado un muro de intervencionismo que asfixia la libertad de las personas. La educación es, quizá, el más importante de todos ellos: quien controla la educación controla, a medio plazo, la mente de los ciudadanos.

En este contexto se entiende la ambición del nuevo proyecto de Javier Milei. Tras el buen resultado de La Libertad Avanza en las últimas elecciones de medio término, el Gobierno ha presentado el borrador de una Ley de Libertad Educativa que deroga la Ley Nacional de Educación de 2006, heredada del kirchnerismo, y que convertiría al sistema argentino en uno de los más libres del mundo, si no el más libre. La reforma descansa sobre tres pilares.

El primero, y con mucha diferencia el más revolucionario, es la libertad de las familias para educar a sus hijos. Se legaliza el homeschooling: la posibilidad de que los padres instruyan a sus hijos en casa, con verificación de resultados, sin pasar obligatoriamente por escuelas controladas por el Estado. No sólo eso: se abre también la puerta al flexi-schooling, combinando parte de la formación en el centro y parte en el hogar o en cooperativas educativas locales, así como a la educación a distancia a través de programas online, incluso extranjeros. Es decir, se elimina el monopolio estatal sobre la escolarización física y se abre un abanico amplísimo de opciones.

El segundo pilar es la liberalización de la oferta educativa. Cualquier persona física o jurídica podrá crear centros según su ideario, siempre que respete el orden constitucional y unos contenidos mínimos muy acotados. Más allá de esos mínimos (hasta 540 horas en primaria y secundaria), cada escuela, pública o privada, diseña su propio currículum. Además, los centros públicos se pseudo-privatizan: un Consejo Superior de Padres, y no los burócratas ni los sindicatos, controlará el gobierno de cada escuela, nombrando y removiendo al director y validando la contratación de profesores.

El tercer pilar es la financiación: el dinero sigue al alumno, no al edificio. Mediante un sistema de vouchers, los centros reciben recursos en función de los alumnos que atraen, con dotaciones diferenciadas para quienes tengan necesidades especiales. Se igualan las condiciones de competencia entre escuelas públicas y privadas; desaparecerá quien lo haga peor y prosperará quien mejor sirva a las familias.

Si este texto sale finalmente aprobado, Argentina no sólo reformará su sistema educativo: lo pondrá a la vanguardia mundial de la libertad.