El Supremo confirma el desarme del Estado

El Tribunal Supremo ha revisado la sentencia sobre el golpe contra el orden constitucional en Cataluña tras la reforma del Código Penal del Gobierno de Pedro Sánchez que ha derogado el delito de sedición y ha rebajado la malversación. El fallo ha concretado los efectos de una iniciativa de interés exclusivamente político y oportunista de Moncloa enfocada a satisfacer las exigencias de los socios separatistas. Ha mantenido la condena a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por delitos de desobediencia y malversación en el 1-O y ha confirmado los horizontes de inhabilitación más allá de 2030. En cambio, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn sí han resultado agraciados por la medida gubernamental y se han dado sus penas por extinguidas. El escenario que ha deparado la resolución de la Sala Penal no ha sido el que el Gobierno y el secesionismo aguardaban con la vista puesta en las próximas citas electorales, si bien a Pedro Sánchez le ha permitido articular un táctica paliativa contra la oposición que censuró la catarsis penal como objeto del acuerdo de conveniencia entre el PSOE y ERC. Con parte de los gerifaltes independentistas suspendidos, esos reproches resultarían discutibles. Pero no es así, por supuesto. Los magistrados han actuado conforme a su responsabilidad en el engranaje de la democracia desde su independencia y jerarquía. Como era de esperar, el independentismo han exhibido ese victimismo congénito que los acompaña en cada oportunidad que tienen de lanzarlo contra España. «La justicia atenta contra el sistema democrático y las mayorías democráticas» o «la justicia española hace caso omiso a la voluntad del legislador de cambiar las reglas del juego» son manifestaciones que reducen a papel mojado el rol de los tribunales para abrazar un enfoque totalitario en el que el político se convierte en un poder absoluto. Ese es el modelo de buena parte de nuestra izquierda y del separatismo, apóstoles del uso alternativo del derecho, encarnado en la desjudicialización del proceso como idea fuerza de la política del Gobierno en relación con el procés, que no con los catalanes. Con todo, el auto de los magistrados del Supremo ha sido sobre todo la certificación del desarme del Estado de Derecho promovido por Pedro Sánchez en el conciliábulo con sus aliados. El Tribunal ha sido taxativo en su negativa a que el derogado delito de sedición pueda ser ahora castigado en el nuevo tipo de desórdenes públicos y ha alertado de que la actuación de Moncloa y sus socios ha extendido una alfombra roja de impunidad frente a movimientos de ruptura de la soberanía nacional y el orden constitucional que no estén acompañados de actos de violencia o intimidación. La responsabilidad adquirida por Pedro Sánchez ya es enorme pues ha expuesto a una democracia española inerme ante aquellos que han hecho del lema «lo volveremos a hacer» una amenaza cierta a la libertad y a la seguridad de todos.