Alrededor de 500.000 personas en España corren un serio riesgo de tener que pagar de su propio bolsillo los únicos medicamentos capaces de contrarrestar su enfermedad sin provocarles los efectos secundarios que sí causan otras alternativas terapéuticas existentes en el mercado. Se trata de enfermos de artrosis, una patología reumática que lesiona el cartílago articular y que es muy invalidante con el paso de los años. La mayoría de los afectados son, de hecho, personas de avanzada edad y mayoritariamente mujeres. Su estado de salud, además, ha empeorado después de tres meses de sedentarismo provocado por el confinamiento del Covid-19. Sedentarismo que acelera otras comorbilidades asociadas a la artrosis como las enfermedades cardiovasculares, entre las que figuran la hipertensión arterial y la isquemia coronaria, así como trastornos hepáticos, renales o gastrointestinales, entre otros muchos.

Las medicinas que costea la Seguridad Social y que ahora puede dejar de pagar son las llamadas Sysadoas, un grupo terapéutico amplio en el que se encuentra el sulfato de condroitina, un principio activo que en combinación con la glucosamina está especialmente indicado para los pacientes con artrosis de rodilla y/o manos con otras enfermedades asociadas, cuya seguridad está avalada por el mismo órgano que lo aprobó en España: la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Las asociaciones de pacientes aseguran incluso que las Sysadoas y, especialmente esta combinación, están especialmente indicadas para aquellos enfermos que no pueden tomar la otra alternativa terapéutica clásica existente, los Antiinflamatorios no esteroideos (AINES), por los efectos adversos de estos últimos. El proyecto de desfinanciar las Sysadoas parte de antiguo. De hecho, lo inició el Ministerio de Sanidad antes incluso de que Salvador Illa se convirtiera en ministro, bajo el mandado de la también socialista María Luisa Carcedo.

Los afectados pasaron rápidamente a la acción y, además de denunciar lo que consideran una aberración, presentaron numerosas alegaciones al expediente abierto por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia. La dura réplica y el estallido de la pandemia de Covid-19 les hizo pensar que Sanidad aparcaría sus intenciones, pero han tenido noticia de que, ya superado el estado de alarma, el Ministerio vuelve a la carga en busca de un ahorro cercano a los 20 millones de euros. En la actualidad, los activos pagan el 40% del medicamento y los jubilados, nada. Si el Ministerio desfinancia el tratamiento, deberán abonar entre 9 y 10 euros al mes, lo que obligará a muchos a tener que tomar AINES, contraindicados, por ejemplo, para los hipertensos. Además, aunque puede parecer un gasto menor, no lo es, porque muchos de los enfermos son mayores y personas vulnerables económicamente.

«Los pacientes se quedarán sin alternativa terapéutica porque las Sysadoas y, especialmente el condroitín sulfato y su combinación con glucosamina están indicados para los enfermos que arrastran comorbilidades asociadas», asegura Josep Vergés, presidente de la Osteoarthritis Foundation International (OAFI) y una autoridad de referencia en esta enfermedad y en materia de condroprotectores, los fármacos que Sanidad quiere ahora dejar de pagar. La gravedad de la situación, otra bomba de relojería para la salud pública en España, ha llevado precisamente a esta organización y a las asociaciones de pacientes a elaborar un manifiesto y a plantar cara al Ministerio. Además de OAFI, lo han suscrito el Foro Español de Pacientes, la Coordinadora Nacional de Artritis (Conartriris), la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (Aecosar), la Alianza General de Pacientes y la Liga Reumatológica Galega (IRG). En el documento, los firmantes recuerdan que «la recién pandemia del Covid-19 ha causado un aumento de las desigualdades, siendo uno de los grupos más desfavorecidos el de las personas mayores. Las respuestas para hacer frente a la pandemia, hasta la fecha, no han logrado proteger adecuadamente a las personas mayores», y subrayan que «las medidas de confinamiento y distanciamiento social han producido efectos negativos sobre la salud» de estas personas, «relacionados con la inactividad física, el deterioro cognitivo y la demencia, fragilidad, soledad o afectación del estado emocional”.

A pesar del impacto que esta situación ha provocado en los pacientes con artroris, los firmantes lamentan que «el Ministerio de Sanidad siga queriendo desfinanciar los Sysadoas, como indica el expediente». «De aplicarse dicha desfinanciación, dejaría un vacío terapéutico para los pacientes con artrosis y especialmente los que tienen otras patologías asociadas. Por razones de seguridad, estos pacientes no pueden tomar analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y/o derivados de la morfina (opioides) de forma crónica a causa de sus ya descritos efectos adversos. La ausencia de un tratamiento seguro para estos pacientes conllevaría un grave empeoramiento dela calidad de vida de los pacientes con artrosis y un mayor gasto sanitario». El manifiesto concluye que «la desfinanciación de los Sysadoas por parte del Ministerio de Sanidad atenta contra uno de los colectivos más vulnerables, nuestros mayores, y especialmente a las mujeres, dada su prevalencia, quienes deberán hacer frente a este gasto con su bolsillo o no ser tratados». Vergés asegura que OAFI y las demás asociaciones de pacientes tienen propuestas para ahorrar mucho dinero al Ministerio y a las autonomías que no pasan por desfinanciar estos fármacos, y se encuentran a la espera de ser recibidos por Illa.