Aparte de por su manifiesta incapacidad para la gestión, como puede apreciarse hoy con el transporte público –sumido en el caos–, la atención a la dependencia y la propia sanidad –ambas un desastre–, otra de las características innatas de la izquierda en general es su apetencia por aprobar prohibiciones. En este capítulo, los ministros de Sumar son verdaderos maestros consumados y Mónica García, la primus inter pares de todos ellos.

En el tiempo que lleva en el cargo, la titular de la cartera sanitaria no ha parado de pergeñar proyectos legales, redactar decretos y lanzar a los cuatro vientos todo tipo de cortinas de humo en los que el veto a actuaciones y hasta a conductas privadas es una de las notas dominantes, si no la principal. Por ejemplo, García quiere prohibir fumar en terrazas, campus y piscinas públicas, eliminar los vapeadores desechables y cerrar los clubes de fumadores.

También pretende que desaparezca el mobiliario promocional del alcohol en determinados espacios y poner coto hasta a las bebidas energéticas. Tampoco quiere la ministra que los puestos directivos de la Sanidad puedan compatibilizar trabajo en la pública y en la privada –algo que pretendía extender también a los nuevos médicos pero que ha tenido que rectificar–, ni que los sanitarios tengan contacto en los procesos de aprobación de los nuevos medicamentos con la industria farmacéutica, ese pérfido sector al que, sin embargo, alguna vez se abraza Pedro Sánchez para escenificar una supuesta apuesta del Gobierno por el tejido empresarial que opera en España. Si García pudiera, prohibiría las visitas médicas y la asistencia a congresos. También acabaría con las bonificaciones de las farmacias y con muchas cosas más. Ha convertido Sanidad en el Ministerio de la prohibición.