La sanidad ve un “ataque” la implantación del 21% de IVA

Hacienda estudia imponer un impuesto al sector en plena pandemia

El Ministerio de Hacienda estudia implantar el 21% de IVA a la sanidad privada. También lo haría con la educación. Los elevados gastos que debe afrontar el Sistema Nacional de Salud (SNS) por la pandemia de Covid-19, ya en su segunda oleada, son la «excusa» para introducir el impuesto en un sector hasta ahora exento dado su servicio social.

En el proceso de elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado analizan en el Gobierno en estos días un informe de julio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que señalaba que el beneficio fiscal en esos sectores consiste en la posibilidad por parte de los países de dejar exento del IVA a la educación y la sanidad privada. Ambas exenciones se encuentran generalizadas en los países de la UE: la sanidad exenta en todos los países y la educación en la mayoría, recuerda el informe.

El beneficio supone un coste fiscal de 1.763 millones de euros para el caso de la sanidad y de 1.694 millones para la educación. Y precisamente recordaba el informe que «el objetivo de este beneficio es reducir los precios de la educación y sanidad para favorecer el acceso universal, así como para descongestionar el sistema público». El estudio no ve resultados «concluyentes», ya que «un mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector publico». Así pues, el informe de la Airef no puede servir de coartada para la implantación del impuesto.

También advertía, en el caso de la educación, de que parte del alumnado que ahora cursa sus estudios en la privada pasaría al ámbito público al incrementarse el coste por la aplicación del IVA, lo que conllevaría para las arcas públicas un incremento del gasto de al menos 1.891 millones, es decir, 197 millones menos para las arcas del Estado.

Las reacciones no se han hecho esperar. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) considera «un ataque y pone en jaque al sistema sanitario global» la posibilidad de gravar con IVA la actividad sanitaria privada por el probable trasvase al sector sanitario público de «miles de asegurados que pagan una doble cobertura, y de cientos de miles de consultas, pruebas e intervenciones que ahora estas personas realizan en la sanidad privada».

Considera, en un comunicado, que la eliminación de los beneficios fiscales de la sanidad privada va en contra de los criterios establecidos por la Unión Europea (y vigentes en todos los países de la Unión en los que actualmente no existe una medida como la propuesta).

El Instituto «atiende con sorpresa, una vez más, a un planteamiento que, lejos de buscar intentar normalizar la colaboración entre sectores y crear soluciones para la mejora de la asistencia sanitaria en nuestro país, ataca indiscriminadamente a un sector que emplea en España a 269.515 profesionales, que está desempeñando un papel imprescindible durante la crisis de la covid-19 gracias a sus recursos (458 hospitales con 51.212 camas) y que genera riqueza: el gasto sanitario privado representa el 29,5% del gasto sanitario total y supone el 3,3% del PIB (esta cifra incluye el gasto destinado a conciertos que es del 0,7%). Esa colaboración, siempre necesaria, ha sido clave en momentos como la pandemia, un hecho que además ha sido ampliamente reconocido por la población».

Varios millones de españoles tienen un seguro privado complementario, lo que implica un ahorro estimado de 5.000 millones para el sistema público que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios aportados por la sanidad privada.