Las regiones preparan una batalla judicial contra Darias por imponer restricciones

La guerra desatada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tras la aprobación de la Declaración de Actuaciones Coordinadas con las medidas para la «nueva normalidad» continúa. Tras el anuncio de varias regiones de su intención de no acatarlas (entre las que se encuentran la Comunidad de Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía), la ministra Carolina Darias ratificó ayer la imposición de su criterio con el anuncio de la publicación de las medidas que recoge el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy, lo que las hará obligatorias. El documento es recurrible en reposición ante la propia ministra o ante lo contencioso de la Audiencia Nacional.

Ayer por la mañana, Darias ya advertía de que el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial de Salud es de «obligado cumplimiento» y que lo haría cumplir, pese a lo que calificó de «pugna partidaria» de algunas comunidades autónomas. «A partir de ahí, estudiaremos las medidas a considerar», precisó Darias en una entrevista a la Cadena Ser.

Una de las comunidades que más ha mostrado su rechazo ante las nuevas medidas es Madrid. Las restricciones del nuevo «semáforo» hacen que en los territorios que estén en nivel 2 de alerta (Asturias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Aragón, Cataluña y Andalucía) las reuniones sociales en domicilios y en establecimientos de hostelería se reduzcan a seis personas, celebraciones como bodas o comuniones restrinjan su aforo a un tercio en interiores, o que los gimnasios solo puedan abrir al 50%.

Por ello, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisó ayer de que seguirá con su estrategia de gestión del coronavirus en oposición a las últimas medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tachó una vez más de «autoritarias» y «desproporcionadas».

Fuentes del gobierno regional señalaron a LA RAZÓN que estudiarán el texto cuando se publique para ver si lo recurren judicialmente. En este sentido ya se habían pronunciado la Junta de Castilla y León, cuyo vicepresidente, Francisco Igea, anunció el jueves que su ejecutivo recurrirá la DAC si se llega a publicar en el BOE, al igual que la Xunta de Galicia, que señaló que estudiará «en detalle» con su asesoría jurídica el documento «para analizar el carácter vinculante y si invade competencias».

No obstante, las críticas no llegan solo desde comunidades de la oposición, ya que ayer mismo socios del Gobierno anunciaron que pedirán cuentas sobre lo sucedido. Así, las fuerzas independentistas representadas en el Congreso se han unido para exigir a la ministra Darias que aclare a la Cámara por qué se impusieron «de manera unilateral y no consensuada» en el último Consejo Interterritorial de Salud las restricciones de la «nueva normalidad».

La solicitud ha sido firmada por los portavoces de EH-Bildu, ERC, JxCAT, PDeCAT, la CUP y el BNG con el objetivo de que Darias acuda a la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta para «dar cuenta sobre lo acontecido» en el consejo del pasado miércoles, en el que siete autonomías no apoyaron las medidas anticovid aprobadas.

También quieren que la ministra informe sobre «las advertencias» que lanzó «para su obligado cumplimiento», algo que en opinión de estos partidos «supone una invasión competencial y un ataque a la soberanía de nuestros parlamentos y gobiernos».