Penas de cárcel por el acoso en clínicas abortistas: “La más perjudicada es la mujer”

La aprobación ayer en el Pleno del Congreso de la ley que castigará con penas de prisión a quienes acosen a las mujeres que acudan a una clínica para interrumpir de forma voluntaria su embarazo ha provocado la reacción de las asociaciones provida, y de los partidos políticos PP y VOX, las únicas formaciones que votaron en contra de la norma.

En un acto convocado en el Senado, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad criticó en la mañana de ayer la pérdida de libertad de expresión que supone este texto, al mismo tiempo que denunció su inconstitucionalidad. Compuesta por más de 140 asociaciones, la Asamblea recordó que «los delitos de acoso y coacciones ya se encuentran tipificados como ilícitos penales», por lo que esta ley «plantea serias dudas sobre su constitucionalidad y legalidad».

Jaime Mayor Oreja, portavoz de las asociaciones que integran la Asamblea, señaló que «algo está pasando para que se reforme el Código Penal para una actividad tan concreta, limitada, como es rezar y tratar de explicar a unas madres lo que es un aborto». A su juicio, «hay mucha desproporción en esta ley» impulsada por el PSOE, y remarcó que ahora mismo «hay una obsesión enfermiza por implantar una cultura de la muerte».

Con esta norma «la más perjudicada es la mujer», porque no se las va a poder ayudar en su embarazo y «se van a coartar sus derechos», declaró Marta Velarde, de la asociación provida Más Futuro, «pero vamos a estar ahí, esta ley no nos tiene que frenar». Velarde, quien aseguró que han salvado la vida de más de 6.000 bebés desde su fundación, destacó que «la sociedad cada vez es más provida, aunque los políticos sean proaborto».

Para Jesús Poveda, médico y profesor de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, las clínicas abortivas «han presionado para poner en marcha la iniciativa legislativa, y algunos partidos políticos lo han secundado, cuando lo que deberían hacer es secundar a la mujer», según indicó a LA RAZÓN. Poveda, fundador de la Escuela de Rescatadores, ha sido detenido más de 25 veces «por dar información en la puerta a las mujeres, y no he sido condenado por nada. Dar información es dar información», destacó. Este médico, que afirma que desarrolló «una gran sensibilidad con este tema por razones profesionales» (trabajaba con mujeres embarazadas enfermas de cáncer que se planteaban interrumpir la gestación por el tratamiento) señala que «somos un puente en época de crisis, cuando nadie pregunta a la mujer ¿qué necesitas para no abortar?, y les mostramos otras alternativas».

Por su parte, Ana del Pino, coordinadora de Neos y One of Us, señala que la aprobación de esta norma supone «una deriva que nos parece tremendamente peligrosa», y también incidió en la idea de que «lo que se busca es proteger a los centros que practican abortos, les resulta molesto tenernos delante». En defensa de su labor, Del Pino sostiene que «ha habido mujeres que se han quejado de que el día que fueron a abortar no estábamos en la puerta», y anuncia que «vamos a cumplir la ley, pero vivimos en un país plural y democrático. No hacemos daño a nadie. Nuestra labor es necesaria». Y añade que estudiarán los pasos legales a seguir ahora «qué se puede hacer, qué enmiendas se pueden presentar».

El texto legislativo, refrendado con 204 votos a favor, 144 en contra y ninguna abstención, contempla una pena de prisión de entre tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes «hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».

La iniciativa culmina así su recorrido en la Cámara Baja, después de que la Comisión de Justicia aprobase el pasado 22 de diciembre el dictamen sobre la proposición de ley con las modificaciones aprobadas por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos.

Los cambios que introduce la ley no solo castigarán a quienes acosen a las mujeres que acudan a las clínicas, sino también el hostigamiento a sanitarios y directivos de las clínicas que intervienen en abortos.

En su intervención en el Congreso, la diputada del PSOE Laura Berja, afirmó que con esta ley se hace «historia parlamentaria», y criticó duramente al PP y a Vox por su rechazo al texto, a quienes acusó de haber elegido de nuevo «el bando incorrecto».

«El rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar», declaró la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, quien aseguró que cuando una mujer decide abortar lo ha pensado mucho porque es una decisión «tremendamente dura y difícil».

La diputada de ERC Pilar Vallugera consideró que quienes se concentra frente a las clínicas son «energúmenos» que amedrentan a las mujeres, mientras que la diputada de Ciudadanos Sara Giménez advirtió de que las mujeres ya han dado muchas explicaciones y han sufrido «muchísima desigualdad».