Omella, contra «el proselitismo» del Gobierno a favor del aborto

El cardenal Juan José Omella desenfundó ayer el báculo frente a la «cultura de la cancelación» de Moncloa, durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de primavera. Si en estos dos años como presidente de los obispos había ejercido un pacto informal de colaboración y no agresión institucional –véase la exhumación de Franco–, ayer el arzobispo de Barcelona verbalizó de forma pormenorizada los «puntos de fricción con el modus vivendi de las ideologías pujantes». Uno a uno, repasó los ataques a «la visión católica del ser humano, la moral sexual, la identidad y la misión de la mujer en la sociedad, y la defensa de la familia formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer».

El pastor denunció la imposición de «nuevos dogmas» que generan un «clima asfixiante». Los obispos acogieron favorablemente esta alocución, especialmente quienes consideran que antes se habían orillado las diferencias con el Gobierno en aras de promover la «cultura del encuentro» que pide el Papa.

En su discurso más incisivo, el cardenal se plantó ante la reforma del Código Penal que convierte en delito asesorar a las embarazadas a las puertas de las clínicas abortistas. Para Omella, prohibir las concentraciones para orar e informar ante estos centros es una «restricción preocupante para la libertad en el espacio público». Así, defendió que «el Estado, en lugar de potenciar el aborto, debería proteger con ayudas económicas y sociales a quien decida dar a luz una nueva vida». Y aseveró que «al Estado no le corresponde hacer proselitismo», sumando un alegato sobre la objeción de conciencia.

También arremetió contra los intentos de «desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo apariencia de neutralidad».

«La tentación de los poderes públicos respecto a la Iglesia se ha movido entre dos extremos: verla como un enemigo, o tratar de apoderarse y servirse de ella», entonó, mirando de reojo a la Carrera de San Jerónimo. «La bronca entre los políticos hace mucho daño», lamentó el arzobispo de Barcelona, provocando una «desconexión» con los ciudadanos puede desembocar en un «hartazgo social» y en una crisis democrática.

Estos zarpazos de guante blanco se producen después de la decepción generalizada del Episcopado, empezando por el propio Omella, ante las deslealtades de Moncloa. Por un lado, la filtración que falseó el informe de las inmatriculaciones, favorable a la Iglesia, pero que el Ejecutivo reviró. Por otro, un doble juego con la comisión antiabusos en ciernes. En ambos casos, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como actor al que se dio acuse de recibo por su falta de celo.

Precisamente, sobre la pederastia eclesial, el prelado volvió a pedir perdón por los «delitos y pecados gravísimos» y subrayó que «las víctimas son nuestra prioridad absoluta». El purpurado repasó las claves de la auditoría externa en marcha y reiteró su «colaboración con las autoridades civiles para esclarecer la verdadera dimensión de los hechos», en referencia a la comisión del Defensor de Pueblo. También a este respecto mandó un recado a los parlamentarios para que se aborde esta lacra «libre de demagogias y sectarismos ideológicos» en toda la sociedad.