El TC decidirá si un juez puede obligar a vacunarse contra la covid

El Pleno del Tribunal Constitucionalha decidido admitir a trámite los recursos de amparo promovidos por personas ancianas y menores de edad contra la decisión judicial de vacunarlos contra la Covid-19. Se trata de dos casos, uno en Las Palmas y otro en Zaragoza (aunque hay más distribuidos por otros puntos de España) en que se decidió obligar judicialmente a la administración de la vacuna, por incapacidad de la persona mayor o contra el criterio paterno apelando a razones de salud pública.

A través de una nota de prensa, el Tribunal de Garantías informó de que «entiende que estos recursos plantean un problema que afecta al principio de igualdad, al derecho fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar (artículos 14, 15, 18.1 y 43 de la Constitución española)», sobre el que no hay doctrina.

Por otra parte, el TC considera que el asunto suscitado en dichos recursos de amparo trasciende del caso concreto «porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social».

Para los recurrentes, la inoculación de un medicamento en fase experimental debe tener siempre carácter voluntario y, por lo tanto, las resoluciones judiciales que les obligan a vacunarse son contrarias a los derechos fundamentales reconocidos no solo en la Constitución española, sino también en los convenios y tratados internacionales.

En las primeras etapas de la vacunación contra la Covid-19 en nuestro país surgió un fuerte debate sobre la conveniencia o no de obligar a la población a vacunarse, especialmente a los colectivos más vulnerables o al personal sanitario que desarrolla su labor en residencias.

Discriminación de la sanidad privada

Por otra parte, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado que se vulneró los derechos de los médicos de la sanidad privada de la región con un retraso «cuanto menos negligente» a la hora de vacunarles contra la covid, con casi dos meses de retraso frente a sus compañeros del sistema público. La sentencia subraya que no pudieron acceder al suero en las mismas condiciones que los trabajadores de la sanidad pública, a pesar de estar «sometidos a los mismos riesgos».

La Consejería de Sanidad de la Generalitat había interpuesto un recurso contra el fallo de un juzgado de Alicante que el pasado 13 de enero le condenó por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, la salud y la vida de los profesionales de la sanidad privada, y que ahora ha sido desestimada, por lo que el TSJCV impone además 2.000 euros de costas.