La pobreza infantil afecta a uno de cada tres niños

La Plataforma de Infancia, una red que aglutina a más de 70 organizaciones, presentó ayer el informe «La situación de la infancia en España 2022», que resalta la imperiosa necesidad de destinar más recursos económicos para reducir la pobreza infantil.

Los datos son claros: el riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos 5 años. Mientras que la pobreza infantil afecta al 28% de los niños y niñas, por ejemplo las ayudas o becas comedor solo llegan al 11% del alumnado de educación obligatoria. Además, la tasa de abandono escolar temprano en España se situó en el 13,3% en 2021, aún lejos del 9,7% de la tasa media de la Unión Europea. Únicamente el 26,3% de los niños y niñas de familias con rentas más bajas accede a la educación de 0 a 3 años frente al 62,5% de los niños y niñas con rentas más altas, lo que genera un grave problema de equidad desde edades tempranas.

Carles López, presidente de la Plataforma, destacó que «aunque en los últimos años se han producido importantes avances legislativos en la defensa de los derechos de la infancia en España, existen grandes carencias presupuestarias, falta de equidad y preocupantes vulneraciones en el cumplimiento de los derechos de la infancia».

Este trabajo, en el que han participado más de 165 personas expertas y más de 4.300 niñas, niños y adolescentes de todo el territorio español, analiza el estado de los derechos de la infancia en España de cara al VII ciclo de revisión sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. A través de este mecanismo de control, el Comité recoge las opiniones de la sociedad civil y las acciones del Estado para defender los derechos de la infancia, y emite una serie de recomendaciones, llamadas Observaciones Finales, que los Estados deben poner en marcha en el siguiente ciclo. Las últimas propuestas que recibió España del Comité de los Derechos del Niño son de 2018.

«A la Convención sobre los Derechos del Niño no se le da importancia en los colegios e institutos. Pienso que se le debe dar», explicó César, de 16 años, uno de los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años que han participado en el informe. En el proceso participativo realizado sobre el cumplimiento de sus derechos señaló que «todos los niños del mundo tienen derechos, pero no todos y todas disfrutan de ellos. Para el pleno desarrollo de un niño o una niña es indispensable que se cumplan», pidió.

Las organizaciones de infancia reconocen los grandes avances en materia de derechos de los últimos años, pero «es necesario que estos avances se acompañen de recursos económicos, desarrollos normativos y medidas específicas en todos los ámbitos, para que tengan un impacto real en la vida de los niños», señaló López. «Además, las políticas públicas deben contar con un enfoque de derechos de infancia y con la participación de la sociedad civil y de los propios niños y niñas». Otras reivindicaciones creen que deben basarse en que se lleven a cabo los desarrollos normativos necesarios para garantizar la protección integral frente a la violencia de la infancia. Entre estos destacan la aprobación de una ley que establezca la especialización de los órganos judiciales y la Fiscalía para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos contra niños y niñas; o los desarrollos autonómicos necesarios para poner en marcha con todas las garantías las figuras del coordinador de bienestar en el ámbito educativo y el delegado de protección en el ámbito del ocio y tiempo libre y el deportivo.

Otra llamada de atención de los especialistas que han elaborado el informe radica en que desde 2016 España no cuenta con un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.

Aunque actualmente se elabora la Estrategia Nacional sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2030, consideran que no es justificable que durante seis años España no haya contado con esta estrategia. «La discontinuidad de estos programas muestra la falta de relevancia que tiene la infancia en las decisiones políticas», añadió Carles López. «Los niños deben ser un tema prioritario en las agendas políticas ya que las condiciones de vida que se definen hoy para ellos tienen importantes repercusiones en sus condiciones presentes y futuras», remarcó.

Entre las posibles medidas a tomar se encuentran poner en marcha una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables; garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños y niñas en situación de pobreza; aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio; dar prioridad al acogimiento familiar y asegurar que la atención en centros de acogida es el último recurso. También garantizar el nuevo procedimiento de evaluación de la edad incorpore los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad a todos los niños y niñas con discapacidad; o fortalecer los canales estables de participación infantil en los órganos de las Administraciones locales, autonómicas y estatales.

Como ha precisado la responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, Carmela del Moral, muchas de las carencias reflejadas en este informe ya venían «arrastrándose» desde antes de la pandemia pero la emergencia sanitaria «las ha sacado a la luz». Del Moral recordó el tiempo que se tardó en dejar salir a la calle a los niños, el cierre de los parques o la situación a la que se enfrentaron los menores en centros de protección durante el confinamiento, lo que pone en evidencia que hay «una falta de perspectiva de infancia en las políticas públicas». Otro de los datos alarmantes presentados ayer fue el incremento del 47% de los trastornos de salud mental en niños respecto a 2018.