CSIF pide amparo al Defensor del Pueblo ante la saturación de las urgencias y el colapso de la Atención Primaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido amparo al Defensor del Pueblo mediante un escrito registrado hoy en la sede de la institución en el que alerta de la grave situación que padecen las urgencias hospitalarias y la Atención Primaria en todo el país, y que se ha agravado con la llegada del invierno, el brote de infecciones respiratorias y el déficit de personal (50.000 empleos menos entre septiembre y diciembre).

CSIF denuncia en su escrito que “el derecho a la salud, uno de los principales pilares de nuestro estado de bienestar, está en serio peligro”, y que varios son los motivos que nos han conducido a esta situación: el colapso de la Atención Primaria (hasta 15 días para tener una cita en el centro de salud), un incremento desmedido de las listas de espera, déficit generalizado de profesionales (50.000 empleos menos entre septiembre y noviembre) y la saturación de las urgencias hospitalarias.

CSIF denuncia en su queja al Defensor del Pueblo que e Ministerio de Justicia vulnera al menos cuatro apartados del Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público (TREBEP) y que la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) - actualmente en tramitación parlamentaria- supone una amenaza directa a la negociación colectiva. “El Ministerio pretende poner en marcha una ley (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) sin tener en cuenta la posición de los trabajadores”, denuncia el texto.

La norma, que se aprobará en los próximos meses, contempla que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre Ministerio y Comunidades. “A todo esto, hay que añadir la privatización que se está impulsando desde el Ministerio con la introducción de la mediación obligatoria y las presiones para entregar la ejecución a los procuradores”, afirma el sindicato.

El Defensor del Pueblo ha respondido admitiendo a trámite la queja presentada por CSIF contra Justicia.