Los derechos del agresor enfrentan al Gobierno

El Ministerio del Interior lleva meses trabajando en un protocolo de actuación para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, después de un final de año negro y un inicio con cuatro mujeres asesinadas en 24 horas. En esta línea, la Policía Nacional preguntó a la Fiscalía de Sala contra la Violencia de Género sobre la legalidad de poder informar a las mujeres de la reincidencia de sus maltratadores y la fiscal Teresa Peramato negó el pasado 13 de diciembre que esto se pudiera hacer automáticamente en todos los casos porque colisionaría con la ley de Protección de Datos, si bien no cerró la puerta a una medida de este tipo en casos concretos en los que la mujer corra un riesgo especial. Fuentes de Interior explican que sobre este camino marcado por el Ministerio fiscal hace casi un mes ya trabajan en «bajar al terreno» el modo legal para llevarlo a cabo.

La consulta parte de la responsable del Área contra la Violencia de Género del Ministerio del Interior, la comisaria de policía María Jesús Cantos Cebrián, que preguntó «si, en aquellos casos en los que una mujer denuncia una agresión por violencia de género en dependencias policiales y se comprueba en el sistema VioGén que ese agresor tiene más víctimas, si se puede, por los agentes intervinientes, avisarla de ese riesgo al que está sometida». La fiscal Peramato contestó en un informe de cinco páginas a principios del pasado mes que «en los términos en los que se plantea la consulta» no podía llevarse a cabo de forma «automática y/o generalizada».

Sin embargo, dejó una rendija en la que Interior ha seguido abonando estas semanas para poder encajar legalmente las pretensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección».

Así, el Ministerio Público nombra la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establece que las mujeres tienen «derecho a recibir información y asesoramiento adecuado a su situación personal», y el Estatuto de la Víctima, que «dispone que toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención», así como «que las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física».

Sobre estos mimbres, Interior trata de articular legalmente la forma de ponderar este riesgo y poder informar a determinadas víctimas de la multirreincidencia de su pareja. Fuentes del Ministerio explican que los expertos han detectado que cuando el agresor tiene antecedentes la mujer corre un mayor peligro porque suelen actuar más rápidamente y de forma más virulenta en menos riesgo. Y esto, por otro lado, supone una gran frustración para los responsables de Seguridad, que ven cómo las víctimas no quieren denunciar o no conocen la peligrosidad de la persona con la que viven.

Además de las discrepancias entre Interior y la Fiscalía, ayer se sumó la voz discordante de Igualdad. La secretaria de Estado de este Ministerio, Ángela Rodríguez Pam, considera que el nuevo protocolo que prepara el Ministerio del Interior para alertar a las mujeres con parejas que tienen antecedentes por violencia de género «no es una fórmula mágica» ante el repunte de crímenes machistas. «Nos ayudará a poner el foco en los agresores, que es una de las prioridades de este Gobierno; el sistema VioGén llama a la víctimas pero no a los agresores y, a veces, esto puede ser un elemento disuasorio, pero para llegar a tiempo tenemos que centrarnos en lo que sucede antes», reconoció la Secretaria de Estado en una entrevista en RNE.

Prisión provisional

Mientras continúan los choques entre Interior, Justicia, Igualdad y la Fiscalía, ayer, el pleno del Ayuntamiento de Adeje acordó por unanimidad decretar un día de luto en el municipio por el crimen machista de Hayate, vecina del barrio de Armeñime, el domingo, en una jornada en la que se celebraron diversas concentraciones en Canarias para expresar repulsa y hartazgo. Estaba previsto que hoy, el hombre de 44 años y origen marroquí detenido como presunto autor del asesinato pasase a disposición judicial. En cuanto al caso de la mujer asesinada en Piedrabuena (Ciudad Real), la jueza responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real, con competencia en materia de violencia de género, decretó prisión provisional comunicada para el presunto asesino. La misma decisión tomó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería), que ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 30 años detenido por presuntamente quitar la vida a una mujer de 44 años, a la que confesó haber estrangulado en este municipio tras mantener relaciones sexuales con ella.

Diversas concentraciones tuvieron lugar ayer en diferentes puntos de España para condenar estos asesinatos machistas que ya han dejado cuatro muertas en el primer mes del año.