Los okupas aprovechan cualquier resquicio para instalarse en casas ajenas, como se pudo ver el día del apagón. Aprovecharon el apagón masivo para entrar en una vivienda, propiedad de Sareb. Pese a la acción de los vecinos, se instalaron en el hogar, que ya fue desalojado este mismo enero. Uno de ellos explicó a LA RAZÓN el infierno que están viviendo desde hace años por parte de los distintos okupas que han ido teniendo, con agresiones, amenazas y actos vandálicos.

Los casos se repiten por toda nuestra geografía y muchos alcaldes están pasando a la acción contra los okupas, especialmente en Cataluña, lugar con mayor número de casos. El alcalde de Figueres, Jordi Masquef (Junts), anunció el pasado viernes que su ayuntamiento ha conseguido desalojar por completo un edificio okupado en el centro de la ciudad, una finca que había generado importantes problemas de convivencia y seguridad. Esta localidad y otras en Cataluña, como Ripoll, Martorell e incluso Lleida, y fuera de la comunidad, como Galapagar en Madrid han tomado una controvertida decisión: no dejar empadronarse a los okupas.

Sin contrato legal no hay empadronamiento

Estos lugares solo van a empadronar a aquellos que acrediten tener el domicilio establecido en la zona en cuestión, con un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o la autorización del propietario del inmueble. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, es claro sobre el tema: no empadronará okupas, al menos que se lo obligue un juez. Otras como Lleida son menos contundentes, ya que argumentan que permiten el empadronamiento siempre y cuando cuando se acredite por alguna vía la residencia efectiva en el domicilio.

Según fuentes del Ayuntamiento de Galapagar, las solicitudes presentadas en sus casos negados correspondían a viviendas que no figuran en el registro municipal o cuyas direcciones resultaban falsas o inexistentes. Allí, un grupo de okupas llegaron a generar altercados al irrumpir en el edificio municipal exigiendo su empadronamiento en viviendas situadas en calles inexistentes. Todos estos lugares siguen una estrategia que la abogada Esther Sancho, especializada en derechos humanos, pone en duda.

¿Se puede negar el empadronamiento a los okupas? La visión de una abogada

Esta especialista no está de acuerdo en esta medida por lo siguiente: "Abarca un amplio abanico de casuísticas", según declaraciones compartidas por 'El debate'. Lo explica de esta manera: "La negativa de estos ayuntamientos a empadronar, afecta especialmente a las personas que no tienen escritura de propiedad o un contrato de alquiler". Existen varios ejemplos en este sentido, según su explicación. Algunos son las personas o familias que pagan el contrato en negro porque el domicilio no está en condiciones de habitabilidad o porque hay sobreocupación, ya que muchas veces se realquilan habitaciones.

Pese a que no formalizar el contrato se considera ilegal, la abogada se refiere a lo siguiente en las declaraciones al mencionado medio: "Están mezclando cuestiones que son ajenas al padrón". Recalca que los casos de okupación se deben abordar de otra manera: "No es el padrón donde solucionarlos". Explica que al tomar estas medidas se deja fuera a persona vulnerables que no tienen otra manera de alquilar si no es mediante este sistema.