La ex monjas de Belorado: ni dueñas del convento ni asfixia del arzobispo

Ni el arzobispo de Burgos ha asfixiado económicamente a las monjas cismáticas de Belorado ni las ex clarisas son las legítimas administradoras del convento. Estas son las principales conclusiones que pueden deducirse de la decisión del juzgado de Briviesca de sobreseer y archivar la causa penal iniciada por las religiosas excomulgadas contra Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio. Se trata de un estacazo judicial para las inquilinas del monasterio, en tanto que se cierra la vía para demostrar que ellas son las propietarias de los inmuebles y que estaban siendo hostigadas por el prelado.

Y es que el tribunal no ha apreciado indicios de delito después de analizar la denuncia que interpusieron algunas de las ex religiosas en julio de 2024 contra Iceta por supuesta administración desleal, coacciones y revelación de secretos. A través de un comunicado, la Archidiócesis de Burgos desvela que el nuevo auto judicial confirma que Iceta es el administrador legítimo de los tres monasterios vinculados a la comunidad ubicados en Belorado, Derio y Orduña, desde el momento en que la Santa Sede le nombró comisario y fue inscrito como tal en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Además, en la sentencia se constata que Iceta ha pagado hasta la fecha, tanto las nóminas de los trabajadores como los gastos y recibos de los conventos, «salvo aquellos que les corresponden a las denunciantes para el ejercicio de sus actividades laborales, como el pago de la cuota de autónomos». De esta manera, el dictamen judicial, siempre según el comunicado eclesial, deduce que el arzobispo no ha cometido «perjuicio alguno para los monasterios».

Lo cierto es que desde que en mayo de 2024 las ex monjas decidieran separarse de la Iglesia se han expuesto mediáticamente de forma permanente para hacer creer una supuesta asfixia económica. Sin embargo, tal y como pudo constatar este periódico, el desembolso realizado por la Iglesia para sostenerlas asciende a 420.000 euros. A esto habría que añadir las hipotecas y préstamos pendientes de pagar, que estarían rondando los 735.000 euros.

La sentencia también dejaría resuelto el suceso del 3 de julio de 2024, cuando el arzobispo ordenó cambiar las llaves del monasterio de Derio. «El auto afirma que no se ha cometido delito de coacciones porque las exreligiosas conocían la existencia de otra entrada al monasterio», recoge el comunicado.

Por otro lado, la Justicia tampoco ve que Iceta haya cometido un presunto delito de revelación de secretos, en tanto que no se le exige confidencialidad en las actuaciones que lleve a cabo con relación a los conventos. «No existe relación profesional alguna entre las denunciantes y el comisario pontificio, con lo cual no puede darse el delito de revelación de secretos», se explica en la nota de prensa.