Cerca de 70 personas mueren al día en España por contaminación atmosférica

En las ciudades de España y Europa, millones de personas -cerca de un 97% de la población- respiran aire contaminado cada día sin ser plenamente conscientes del daño que esto causa en su salud. Hoy, la evidencia, cada vez más abrumadora, muestra que la contaminación atmosférica es la mayor amenaza ambiental para la salud, según afirma la Fundación Salud por Derecho.

Solo en Europa, el aire contaminado causa y agrava enfermedades, provocando 300.000 muertes prematuras al año, apunta. 25.000 de ellas ocurren en España. Es decir, cerca de 70 personas al día fallecen prematuramente en nuestro país a causa de la contaminación del aire.

El impacto no es solo sanitario. "La mala calidad del aire también tiene un enorme impacto económico: los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan, según el Banco Mundial, 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB español", afirma la fundación.

Una nueva Directiva Europea de Calidad de Aire recientemente aprobada establece nuevos límites, sustituyendo a los obsoletos límites actuales y acercándolos -sin llegar- a los recomendados por la OMS. Ahora los gobiernos regionales y nacionales tienen la responsabilidad de implementar la norma en los próximos dos años de la manera más ambiciosa posible, con el objetivo de alcanzar la contaminación cero en 2050.

Impacto en la salud

Respirar aire contaminado "no solo causa molestias a corto plazo, sino que está directamente relacionado con enfermedades graves y muertes prematuras", señala Sañlud por Derecho. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a la contaminación aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y cáncer de pulmón.

Además, "la contaminación atmosférica está relacionada con la reducción de la función pulmonar, los efectos en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso central, el aumento del riesgo de parto prematuro y el déficit de peso al nacer, lo que a su vez genera otros riesgos para la salud en etapas posteriores de la vida. También se ha observado un aumento del riesgo de diabetes, obesidad y demencia, y efectos negativos sobre la salud mental, contribuyendo a trastornos como ansiedad, depresión y estrés".

La fundación indica que "el impacto es aún mayor en los grupos vulnerables: niños, mujeres embarazadas, personas mayores y aquellos con enfermedades preexistentes. Además, los efectos adversos se amplifican en personas y barrios con menos recursos, donde la calidad de la atención médica es más baja y las condiciones de vida agravan la exposición a contaminantes". La Agencia Europea de Medio Ambiente ha evidenciado que las regiones más pobres tienen un índice de contaminación por partículas finas (PM2.5) un 30% más alto que otras zonas, perpetuando desigualdades en salud.

El impacto económico también es notorio. El Banco Mundial estima que los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica alcanzan los 50.000 millones de dólares anuales, lo que equivale al 3,5% del PIB español. Se estima que la contaminación del aire genera anualmente más de 3.600 millones de euros en gastos relacionados con el tratamiento de enfermedades asociadas a la contaminación por tráfico. Asimismo, la contaminación atmosférica está vinculada a aproximadamente 62.000 ingresos hospitalarios urgentes cada año en España, lo que representa un coste de más de 850 millones de euros anuales.

Crisis de contaminación

España enfrenta una "crisis de contaminación del aire que se traduce en miles de muertes prematuras y enormes costes sanitarios y laborales", subraya la fundación. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año fallecen prematuramente 25.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire. El año 2023, 33 millones de personas (es decir, más de dos tercios de la población española) respiraron aire contaminado por encima de los nuevos límites legales aprobados el pasado 26 de abril en el Parlamento Europeo, según Ecologistas en Acción. Con la normativa anterior en la mano, el número de personas susceptibles de haber respirado aire perjudicial para la salud será de “solo” 2.9 millones de personas, un 6% de la población. Con los datos de la OMS, un 90% del territorio español -454.000km2- fue afectado por la contaminación. Canarias y la Comunidad de Madrid son las regiones con los niveles más altos de contaminación en España en 2023.

"El tráfico motorizado sigue siendo la principal fuente de contaminación en las ciudades españolas", donde la mayoría de la población se concentra, afirma el docuemento. A pesar de los avances en la reducción de contaminantes como partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico, los niveles aún superan los límites recomendados por la OMS.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), esenciales para reducir la contaminación urbana, "han sido implementadas en solo una veintena de ciudades, dejando a muchas poblaciones expuestas a niveles peligrosos de contaminación". Además, "los Planes de Mejora de la Calidad del Aire, obligatorios por ley, están ausentes en varias comunidades autónomas, lo que ha llevado a sentencias judiciales que obligan a los gobiernos a actuar". La falta de información agrava la crisis. Un Eurobarómetro de 2022 reveló que el 61% de los españoles se considera mal o nada informado sobre la calidad del aire que respira, lo que dificulta la movilización social para exigir cambios.

Nueva directiva

Ante la urgencia del problema y la apabullante evidencia científica, la Unión Europea aprobó en abril de 2024 una nueva Directiva de Calidad del Aire con límites más estrictos que los actuales (aprobados desde 2008) para contaminantes clave como las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno. Aunque no alcanza todavía las recomendaciones de la OMS, establece objetivos ambiciosos para 2030, año en que los países deberán ya estar alineados con la norma (salvo contadas excepciones), y contempla revisiones periódicas cada cinco años para seguir ajustando los estándares. El objetivo final sigue siendo la contaminación cero en 2050.

Entre las principales novedades de la directiva destacan:

- Límites más estrictos: el acuerdo establece límites más rigurosos para contaminantes como las partículas en suspensión (PM2.5 y PM10) y el dióxido de nitrógeno (NO2). El nuevo límite anual para PM2.5 (clave para prevenir impactos crónicos a largo plazo de la contaminación del aire) es de 10 µg/m³, mientras que el límite anual para NO2 es de 20 µg/m³. (Estos nuevos límites son menos estrictos que las Directrices de Calidad del Aire de la OMS de 2021).

- Monitoreo de la calidad del aire: Las autoridades nacionales y locales deben monitorear la calidad del aire en sitios rurales y regionales, incluidos super-sitios (estaciones de monitoreo que recopilan datos a largo plazo sobre varios contaminantes desde múltiples puntos de muestreo). Esto podría incluir el monitoreo de partículas ultrafinas o carbono negro.

- Hojas de ruta y planes de calidad del aire: Los estados miembros deben elaborar hojas de ruta para la calidad del aire, detallando las medidas a corto y largo plazo que implementarán para cumplir con los nuevos límites establecidos para 2030. Si no cumplen actualmente con los estándares, las autoridades nacionales o locales también deberán preparar planes de calidad del aire con medidas inmediatas para reducir la contaminación. Además, se incluyen nuevos incentivos para abordar la contaminación transfronteriza.

- Información pública mejorada: Se introducen nuevos requisitos para informar mejor al público, especialmente a los grupos vulnerables. Esto incluye armonizar los índices de calidad del aire existentes y proporcionar información sobre los posibles impactos en la salud si se retrasan las medidas para lograr aire limpio.

- Acción legal y compensaciones: La Directiva revisada introduce nuevas reglas que permiten a las personas emprender acciones legales y reclamar compensaciones si consideran que han sufrido daños a la salud porque un estado miembro no tomó las medidas necesarias para garantizar aire limpio.

- Revisiones periódicas: La Directiva se revisará regularmente en intervalos de cinco años, con una primera revisión prevista para 2030.

- Posibilidad de aplazamiento: Los estados miembros pueden solicitar un retraso de cinco años (2035) para aplicar los nuevos límites si las proyecciones muestran que no pueden cumplirlos, o de diez años (2040) si el cumplimiento requiere reemplazar una fracción considerable de los sistemas de calefacción doméstica.

Un reto para España

"España tiene dos años para transponer la directiva y debe hacerlo sin demoras ni excusas", señala Salu por Derecho. "Cumplir con los nuevos límites para 2030 es una necesidad urgente". Para lograrlo, es clave que todas las administraciones –locales, regionales y nacionales- "implementen planes de calidad del aire ambiciosos". Algunas de las medidas que pide la fundación son:

● El Gobierno de España debe adoptar cuanto antes la normativa nacional a la directiva europea, asegurando que la mejora de la calidad del aire sea una prioridad en todos los niveles: nacional, regional y local. Para ello, es necesario reducir las emisiones contaminantes en todos los sectores y acercarse a los estándares de calidad del aire recomendados por la OMS. Solo así el país podrá estar preparado para cumplir con los nuevos límites y objetivos de contaminación que entrarán en vigor en 2030.

● A nivel municipal, los gobiernos deben desarrollar un plan de apoyo específico para los grupos más vulnerables en zonas de bajos recursos, garantizando su participación en la toma de decisiones. Esto incluye identificar las áreas más afectadas y analizar cómo la contaminación impacta en la salud de sus habitantes. Además, es fundamental garantizar la participación activa de las personas y organizaciones locales en el diseño e implementación de políticas locales que mejoren la salud de la comunidad.

● Se debe reforzar la colaboración administrativa entre los departamentos de sanidad, servicios sociales y bienestar, planificación urbana, movilidad, vivienda y energía de la Administración local y regional. Solo con un enfoque integral se podrán desarrollar políticas de aire limpio efectivas.

● A nivel nacional, regional y local, se deben aprovechar al máximo los fondos de ayuda de la Comisión Europea y asignar recursos económicos e incentivos fiscales para la aplicación de políticas de aire limpio adaptadas a cada situación. En particular:

a. Reducción del tráfico motorizado: Implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las ciudades con alta contaminación y promoción de la movilidad activa (bicicletas y caminatas), con especial protección en entornos escolares y sanitarios.

b. Priorizar y fomentar la movilidad sostenible con sistemas de transporte público sólidos, accesibles, eficientes y con precios equitativos. Se deben modernizar las flotas con vehículos eléctricos y mejorar las infraestructuras, especialmente en los barrios con bajos recursos socioeconómicos.

c. Reducción de emisiones en los hogares, con incentivos para sustituir sistemas de calefacción y cocina contaminantes por opciones sostenibles y fomentar el uso de energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles. También es clave ampliar las ayudas para combatir la pobreza energética mediante mejoras en aislamiento térmico y eficiencia energética. Todo ello, con especial hincapié en los hogares de bajos ingresos.

d. Reducción de emisiones en el sector agrícola y ganadero con la mplementación de restricciones más estrictas a las macro granjas y a la quema de residuos agrícolas, fuentes significativas de contaminación del aire.

e. Regulación más estricta sobre las emisiones de los barcos, especialmente en puertos, y del transporte aéreo.

● El Ministerio de Transición Ecológica debe asegurar la creación de repositorios públicos con datos sobre calidad del aire, planes de acción del Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como informes sobre el cumplimiento de los límites.

● La transposición de la directiva deberá incorporar la creación de órganos de supervisión que garanticen el cumplimiento de los nuevos límites. Dichos órganos deberán contar con participación de la sociedad civil.

● Se deberá facilitar el acceso a la justicia a ciudadanos y organizaciones en casos de incumplimiento.

● A todos los niveles, deben fomentarse programas de sensibilización a la ciudadanía (escuelas, centros comunitarios, etc.) para fomentar hábitos sostenibles y exigir a los gobiernos mayor responsabilidad ambiental.

"Proteger el derecho a respirar aire limpio es una cuestión de salud pública, justicia social y sostenibilidad ambiental. España debe ir más allá de los mínimos establecidos en la directiva y alinearse con los valores recomendados por la OMS para garantizar un aire verdaderamente limpio. La contaminación del aire no es un problema futuro, ya que está costando vidas y perpetuando desigualdades", concluye la fundación.