Cuenta atrás para excomulgar a las monjas de Belorado: quince días

Cuenta atrás para la excomunión de diez de las dieciséis monjas clarisas de Belorado. Y para su posible expulsión del convento. Depende exclusivamente de ellas, después de la denuncia interpuesta hace diez días contra el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta, y de que el pasado jueves echaran a los mediadores eclesiásticos, con intervención incluida de la Guardia Civil. Tal y como reza el decreto hecho público por las propias religiosas, tres de las consagradas díscolas tendrán que presentarse el próximo día 16 ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos para ratificar su ruptura con la Iglesia católica. Se trata de las tres que se presentaron en la comisaria de Logroño para denunciar al arzobispo, encabezadas por la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad. Quince días les ha dado la Iglesia para comparecer a otras siete, las que participaron el 15 de mayo en la entrevista colectiva a Ana Rosa Quintana en Telecinco. Según adelantó ReligiónDigital y ha confirmado el Arzobispado de Burgos a LA RAZÓN, si estas diez monjas deciden permanecer bajo el amparo del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y su colaborador José Ceacero, ese mismo 24 de junio se firmará su excomunión «latae sententiae», esto es, automática. Esta sentencia canónica no necesita del visto bueno de Roma puesto que Iceta ha recibido poder total de la Santa Sede para ello. A partir de ahí, se iniciarían los trámites para su desalojo de las instalaciones por la vía civil.

Así pues, a ojos del Arzobispado, habría diez consagradas cismáticas en el convento. ¿Y el resto? El comisario pontificio considera que las otras seis monjas todavía abrazan el catolicismo y constituirían hoy por hoy la legítima comunidad de clarisas de Belorado. Por un lado, está sor María Amparo, que pidió salir del recinto tras la irrupción del falso obispo Pablo de Rojas. Aunque está refugiada en un convento de Vitoria, sigue incardinada en el cenobio de Belorado. Por otro, las cinco religiosas más mayores, que no se han pronunciado públicamente. Desde la Archidiócesis de Burgos dudan de que sean plenamente conscientes del giro dado por la abadesa en su nombre, dada su avanzada edad y su estado de salud. Por ello, no se les ha citado ante el Tribunal Eclesiástico. «Vamos a defender dentro de la legalidad a estas seis monjas católicas y vamos a velar para que las mayores que permanecen en Belorado reciban la atención católica que les falta, porque están recibiendo una simulación de sacramentos», denuncian desde el Arzobispado a LA RAZÓN. Eso sí, según les consta, confirman que se encuentran perfectamente atendidas por el personal que cuida de su salud.

Las que sí tendrán que responder ante el Tribunal Eclesiástico son las demás, desde la abadesa defenestrada a la única novicia. Todas ellas fueron entrevistadas desde el locutorio conventual por Ana Rosa Quintana en «Tardear». Esta aparición televisiva es la prueba sobre la que se basa el Tribunal para el rechazo público de cada una de ellas a la fe católica, puesto que en el llamado «Manifiesto católico» solo firmaba sor Isabel de la Trinidad.

«Hemos ampliado todo lo posible los plazos, un periodo prudente y amable para que reconsideraran su postura», remarcan desde el Arzobispado de Burgos. Sin embargo, ante los órdagos lanzados por las monjas díscolas y sus mentores, aseguran «no tener más remedio que restablecer la paz y el orden» en el cenobio.

Toda vez que se ratifique la excomunión y su expulsión ipso facto de la vida consagrada, esto es, la máxima pena canónica, el arzobispo de Burgos seguiría adelante con el correspondiente engranaje en el proceso civil: la salida de estas diez mujeres y sus dos asesores del convento. Al dejar a la vez de ser monjas y católicas, no podrían permanecer en un recinto perteneciente a la Iglesia. El comisario pontificio firmaría entonces una declaración donde se les comunicaría «su estancia ilegal con un plazo razonable para el desalojo». Lo previsible es que, como ha sucedido hasta la fecha, hagan oídos sordos. Si no se marchan ni entregan las llaves pacíficamente, el comisario pontificio acudiría a la justicia civil para materializar la salida. Hoy por hoy, resulta complicado aventurarse a explicitar cuánto se dilataría este proceso.

Lo que sí parecen tener claro desde el Arzobispado de Burgos es que no moverán ficha hasta que expire el plazo dado por el Tribunal Eclesiástico. Esto es, cumplidas las 48 horas sin que la abadesa defenestrada haya entregado una copia de las llaves como se les solicitó y sin que el falso obispo y su portavoz hayan abandonado el convento como se les pidió, simplemente se levantará acta y se irá acumulando documentación para incorporar al proceso judicial civil.

Por otro lado, el equipo del comisario pontificio justifica la intervención de las finanzas de la comunidad de Belorado, como parte del encargo de Roma para auditar los fondos, administrar los bienes, garantizar una gestión saneada y evitar cualquier operación de riesgo, dada la deriva del convento. De hecho, el Arzobispo de Burgos habría constatado en estas semanas algún ingreso económico ajeno a las actividades habituales de las clarisas. "No se busca asfixiarlas, sino más bien protegerlas", aseguran a este diario desde el Arzobispado de Burgos, frente a las acusaciones de las monjas cismáticas de "usurpar nuestra representación legal accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias". Es más, la presencia en el convento el pasado jueves de la secretaria de la Federación de Clarisas de Aránzazu, sor Carmen Ruiz, buscaba precisamente conocer las necesidades económicas y salir al quite. Sin embargo, las monjas la echaron del recinto. Eso sí, en sus redes sociales admiten que les ofrecieron una "ayuda económica" que desestimaron. Desde el Arzobispado de Burgos aclaran que se están responsabilizando de todos los pagos de la comunidad, desde los recibos hasta las nóminas de las personas vinculadas a la casa.