Dos miembros del comité que autorizó la eutanasia de Noelia, investigados por prevaricación

El Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos y ha abierto diligencias penales contra dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC) que intervinieron en la autorización de la eutanasia de Noelia, la paciente de 24 años con paraplejia que cuenta con el permiso judicial para morir de forma asistida, pero que aún espera la resolución definitiva tras los recursos presentados por su padre.

Los investigados, un médico (F.M.) y una jurista (M.M.P.), podrían haber cometido los presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa. Según la querella, ambos, en su condición de médico y jurista designados como la “dupla” evaluadora de la CGEC, reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos sostiene que esta simulación supone "falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley". La entidad considera que, al estar viciado desde su origen el informe que respaldó la decisión, todo el procedimiento es nulo y, por tanto, la eutanasia de Noelia no podría ejecutarse con garantías jurídicas mínimas.

Como primera diligencia, el Juzgado ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona que remita testimonio de la sentencia y la grabación de la vista en la que se habrían producido las declaraciones clave de los querellados.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha declarado: “No se puede acabar con la vida de una persona sobre la base de un procedimiento nulo y construido sobre una mentira. Si quienes debían garantizar la ley reconocen que falsearon un informe, la eutanasia de Noelia no puede seguir adelante. Vamos a hacer todo lo posible para que no se lleve a cabo”.

La fundación subraya que “la actuación de los miembros de la Comisión no ha dado más garantías a la paciente, sino a la propia Administración, blindando la decisión y dificultando su control judicial”. Por ello, reclama que se suspenda cualquier ejecución de la eutanasia mientras se investigan los presuntos delitos.