Estas son las ciudades españolas con peor calidad del aire para los niños y cómo reclamar una indemnización

Las clases han vuelto y España continúa enfrentando un grave problema de calidad del aire, especialmente perjudicial para los niños. Los investigadores del Instituto de Salud Carlos III destacan que los menores pasan más tiempo al aire libre y tienen un sistema inmunitario en desarrollo, lo que aumenta su exposición a sustancias nocivas presentes en el aire de las ciudades.

Los efectos de esta contaminación son múltiples. Pueden alterar la cognición, la conducta y los mecanismos de detoxificación de los niños, además de incrementar el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta. Entre los principales contaminantes se encuentran el dióxido de nitrógeno, proveniente del tráfico, y el ozono troposférico, que se forma cuando el dióxido de nitrógeno se combina con la radiación solar, sobre todo en verano.

Los pediatras advierten que los niños inhalan y absorben más contaminantes por kilogramo de peso que los adultos, y su capacidad para neutralizarlos es menor. Además, eventos recientes como olas de calor e incendios forestales han empeorado la calidad del aire, y la Sociedad Catalana de Pediatría recomienda pacificar los entornos escolares para reducir la exposición de los menores.

Entre las ciudades más afectadas se encuentran Madrid, Barcelona, Badalona, Coslada, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Alcorcón, Parla, Leganés, Getafe, Granada y Santa Coloma de Gramenet. Según el informe de Ecologistas en Acción, dos de cada tres españoles respiraron en 2024 un aire que incumplía los nuevos estándares de calidad fijados por la Unión Europea, los cuales entrarán en vigor de manera obligatoria en 2030.

Los ciudadanos afectados pueden reclamar legalmente si las ciudades incumplen estos límites. Primero deben documentar la contaminación mediante informes oficiales y presentar un requerimiento a la administración local o autonómica. Si no se adoptan medidas, pueden acudir a los tribunales basándose en la directiva europea sobre calidad del aire, y, en caso de demostrar daños a la salud, solicitar compensaciones económicas por perjuicios físicos, psicológicos o en la calidad de vida, especialmente en menores.