Galicia blindará por ley medidas ante agresiones a sanitarios: multas aunque la justicia no vea delito

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes una reforma de la Lei de Saúde de Galicia para blindar medidas frente a las agresiones "físicas y verbales" dirigidas al personal del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Entre ellas, estará la imposición de multas de carácter administrativo ante el supuesto agresor, "aunque finalmente" la justicia "considere que no hay infracción penal"; y la instalación de botones de alerta --actualmente presentes en 15.700 ordenadores-- en "la totalidad" de los centros sanitarios y en los móviles del personal de urgencias.

Tras la reunión semanal del Gobierno autonómico, Rueda ha anunciado este "paquete de medidas" que se incluirá en la Lei de Saúde del año 2008 a través de una reforma que ahora empieza su tramitación. Algunas de ellas ya estaban incluidas en los protocolos del Sergas, como prestar asistencia jurídica --a través de la asesoría jurídica de la Xunta, que se podrá personar en la causa-- y psicológica al profesional agredido.

Además, la norma incluirá que las gerencias de las áreas sanitarias comunicarán "de oficio" a la Fiscalía Superior de Galicia todos los casos de agresión que conozcan, independientemente de si el trabajador denuncia o no, algo que también estaba en los protocolos.

Con todo, si no llega a observarse una infracción penal, la reforma legal contempla la principal novedad de que la Xunta podrá iniciar o continuar, de ser el caso, el procedimiento sancionador de carácter administrativo tomando como base los hechos que los tribunales han declarado probados.

Asimismo, se instaurará un Rexistro Galego de Actos de Violencia Externa en el ámbito sanitario; se diseñará un plan de prevención que realice una evaluación integral del riesgo por cada centro; y se adelantará la formación contra las agresiones: de abril a septiembre, se desarrollarán 24 cursos a los que podrán asistir más de 4.100 empleados del Sergas.

Esta reforma llega justo un mes después de que el 3 de febrero un enfermero fuese apuñalado por un paciente en las urgencias del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), un hecho que desató protestas de los profesionales para reforzar la seguridad en su ámbito laboral.