Un informe del Tribunal de Cuentas advierte de que los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta y Melilla compraron en el ejercicio 2022 y 2023 medicamentos mayoritariamente al margen de la normativa pública contractual, con diferencias significativas en los precios pagados por los mismos fármacos.

El informe analiza la operativa y la legalidad de los procedimientos de adquisición y administración de los productos farmacéuticos hospitalarios. Así, identifica la existencia de deficiencias que constatan una "escasa mejoría" desde la anterior fiscalización del Tribunal de Cuentas relativa al ejercicio 2016.

El documento alerta de que la adquisición de los medicamentos se realiza principalmente mediante la utilización de la compra directa, al margen del procedimiento previsto legalmente.

El análisis evidencia un uso mayoritario de compras directas, con un valor medio de gasto en el periodo 2022 y 2023 del 91 por ciento en el Hospital Comarcal de Melilla (HCM) y del 49 por ciento del total de provisiones de la farmacia hospitalaria del Hospital Universitario de Ceuta (HUC).

"Esta práctica, que debe eliminarse, vulnera los principios de publicidad, transparencia, no discriminación, igualdad de trato y eficiencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. La ausencia de planificación afecta de forma relevante a la adquisición de productos farmacéuticos, lo que limita las posibilidades de ahorro y de control", apunta el informe.

Además, el documento subraya la ausencia de procedimientos de gestión homogéneos y normalizados, la obsolescencia tecnológica y la falta de interoperabilidad de las aplicaciones informáticas, así como otras carencias en los sistemas de información que impiden la formación de un expediente electrónico y dificultan la trazabilidad de las compras, la conciliación contable y la revisión por parte de los distintos órganos de control.

Estas deficiencias procedimentales se extienden a los Medicamentos sujetos a condiciones especiales de financiación, impidiendo conocer los posibles retornos derivados, entre otros, de los acuerdos de precio-volumen y techos de gasto.

El Tribunal detecta la necesidad de mejorar la aplicación de las medidas previstas en la ley para el uso racional del medicamento, en particular, en la constitución y actuaciones de los órganos y comisiones encargados de los procesos de calidad, en la utilización de biosimilares, en la redosificación de los productos farmacéuticos y en la homogeneización de los criterios de uso de fármacos fuera de indicación.