La Iglesia duda ser acusación contra el cura violador de Málaga

«Como sacerdote y como obispo es una situación personal de rechazo y de condena, pero está sub iudice y no voy a decir nada más». Esta es la reflexión que ha lanzado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, en torno al escándalo del sacerdote de Málaga detenido y acusado por sedar, violar y grabar a varias mujeres.

En la rueda de prensa con motivo de la Comisión Permanente que ha reunido esta semana en Madrid a una treintena de obispos, el portavoz episcopal ha declinado pronunciarse con más detalle sobre el caso al estar la investigación abierta. Simplemente se ha remitido a los comunicados emitidos por la diócesis andaluza. O lo que es lo mismo, la Conferencia Episcopal se inhibe en su gestión, en tanto que la competencia para actuar con respecto al sacerdote y a la justicia civil corresponde al obispo local, Jesús Catalá.

De hecho, ha trascendido que la diócesis estaría planteándose «estudiar» personarse como acusación particular en la causa. Sin embargo, según ha podido confirmar este periódico, no fue hasta este miércoles cuando se comenzó a barajar esa posibilidad, no por iniciativa propia, sino por la presión mediática. De momento, la única medida que ha trascendido por parte de la Iglesia malagueña ha sido la retirada de las licencias para que no ejerza el sacerdocio. Esta decisión no se adoptó ante las reiteradas denuncias verbales previas de la ahora ex novia del cura a las autoridades diocesanas, sino una vez que el presbítero fue detenido el 11 de septiembre.

Ante la imposibilidad de que García Magán pudiera ofrecer más detalles de la actuación de la diócesis de Málaga, LA RAZÓN le preguntó sobre el protocolo a seguir por un obispo en caso de toparse con el testimonio de una mujer en similares condiciones. «La normativa de Roma es específica para menores y adultos vulnerables», especificó el también obispo auxiliar de Toledo, si bien añadió justo después que la legislación eclesial también «prevé estos delitos». «El obispo tiene que decir a esa señora que denuncie a las autoridades correspondientes, sean judiciales o policiales», señaló, aclarando que en ningún momento se refería al suceso en cuestión. A partir de ahí, relató que «el ordenamiento canónico prevé que se abra un proceso de carácter administrativo, y en su caso penal, por lo que hubiese cometido un sacerdote». «Que sea menor o adulto no deja de ser un delito», apostilló.

Amnistía y legalidad

Más allá de esta cuestión, preguntado por una futurible amnistía al independentismo catalán por parte del Gobierno, el secretario general recordó que «es bueno para el país el respeto a la legalidad vigente». A la par, alertó de que «no estamos ante una situación excepcional que requiera herramientas excepcionales». César García Magán también condenó el apuñalamiento múltiple en un instituto de Jerez y llamó a una «profunda reflexión» de la sociedad.