Juana Rivas, manual de resistencia desde Cerdeña

La madre granadina continúa presentando denuncias en contra de su ex pareja y padre de sus hijos, que el abogado de éste afirma «son falsas y deberían interpretarse como una clara instrumentalización para eludir sus obligaciones legales». LA RAZÓN ha tenido acceso al informe pericial que el juez del Tribunal de Cagliari tomó en cuenta para otorgarle la custodia a Francesco Arcuri.

Las denuncias de Juana Rivas empiezan a ser ese «déjà vu» que te deja con la extraña sensación de que eso ya lo hemos vivido. Después de que la Fiscalía archivara todas sus acusaciones por inconsistentes, la madre granadina presentaba esta semana otras dos demandas contra su ex pareja, Francesco Arcuri, por malos tratos a sus hijos. Digamos que, a partir de este subterfugio, esta mujer, que vuelve locos a los carabinieri con su comportamiento, ha elaborado su (im)perfecto manual de resistencia.

«Desde 2017 utiliza la denuncia como estratagema efectiva para no acatar las órdenes judiciales que le obligan a entregar a los hijos al padre», afirma el letrado Enrique Zambrano, que defiende a Arcuri en España. «Todas sus acusaciones son falsas y deberían interpretarse como una clara instrumentalización de la Justicia para eludir sus obligaciones legales y los mandatos del juez».

¿Quién es realmente esta mujer aupada por muchos como nueva heroína en el verano de 2017, mientras permanecía en paradero desconocido junto a sus dos hijos? Algunas de las claves las encontramos en el informe pericial al que ha tenido acceso LA RAZÓN, decisivo para que el juez del Tribunal de Cagliari, Marallo Pinna, concediese la custodia al padre. En él se puede leer que es seductora, de carácter lábil y con grandes habilidades para manipular a los menores. Son solo algunos de los rasgos que aparecen en este documento de 177 páginas para definirla. El informe está firmado por la psicóloga y mediadora familiar Ludovica Iesu, una de las peritas más reputadas del país y pieza fundamental en el proceso. Con la colaboración de un grupo de expertos, ha conseguido un análisis exhaustivo de la situación psicológica de los menores, la capacidad de los padres y las relaciones familiares, especialmente de cada progenitor con sus hijos. Sus páginas componen una biografía al detalle de Rivas y Arcuri, desde su infancia y romances adolescentes hasta las disputas actuales.

El papel de víctima

El análisis, que se inició en febrero de 2018, incluye 32 entrevistas y testimonios de profesores, pediatras y algunos de los profesionales que estuvieron en contacto con los niños durante su estancia en Maracena (Granada). Se completa, además, con pruebas gráficas y juegos que han permitido observar la interacción de los menores con los padres en un ambiente lúdico y cotidiano. En el informe, los expertos describen al padre como funcional y adecuado. De Rivas, sin embargo, se dice que «muestra una personalidad compleja, basada en una emocionalidad lábil, percepción deficiente de la realidad. Se identifica, sin duda, en el papel de víctima de violencia de género». Los profesionales indican que no siempre actúa en sintonía con las necesidades de los niños y que es inconsciente del daño psicológico que les generó la separación del padre durante un año. Muestra desorganización del pensamiento, su narración pierde conexión y a veces relata episodios que solo existen en su mente. Aseguran, además, que ha fomentado un proceso de alienación parental en su hijo mayor. Los profesores relatan poca presencia en la vida escolar y el pediatra la define como una persona carente de reglas. «El comportamiento maternal es perjudicial para los menores», concluye.

Pero sería difícil acabar de entender su resistencia sin detenernos en Maracena, la localidad que en verano de 2017 se echó a la calle al grito de «¡Juana está en mi casa!». Aquella algarabía contrasta hoy con el silencio sepulcral cuando los periodistas mencionan su nombre. Si entonces cualquiera opinaba del caso con desparpajo, hoy las preguntas incomodan. En los bares, en la calle, en esos pequeños comercios que ella ha debido de frecuentar, todos dan la callada por respuesta. De fondo sí se oye un murmullo. En esa época atrapó emocionalmente a la gente y descubrió el efecto que podía producir escenificando su debilidad. Él, el abusador. Ella, el cordero inocente. En pleno movimiento feminista, la vulnerabilidad y la apariencia de indefensión tuvieron un poder seductor inmenso con el que hoy todavía quiere jugar. En esa debilidad natural inspira cariño. Pero ya no necesita proclamarse víctima o desvalida, sino sugerirlo en sus modales o en la confusión. «Una vez que consigue empapar a la gente de ese sentimiento, es más difícil advertir la manipulación», añade Zambrano. No es necesario reconstruir la crónica de unos hechos que fueron emitidos en directo para recordar la figura de Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena y su asesora jurídica durante un tiempo. Ella corta de cuajo la conversación telefónica con LA RAZÓN, no sin antes propinar una buena tanda de exabruptos al preguntarle por la información que queremos contrastar. ¿Imparte el centro un curso de reeducación maternal al que asiste Juana? Alterada, lo niega. «Todo es mentira. No existe tal cosa». Nos quedamos sin saber si está cumpliendo ese proceso de apoyo a la maternidad que, como corrobora el abogado de Arcuri, dictaminó el juez. En el informe sí consta esta decisión. Aplicando el Protocolo de Milán de 2012, la madre debería haber iniciado un programa dirigido por un terapeuta que se llevaría a cabo en el Centro de la Mujer de esta localidad andaluza. Cada tres meses, además, tendría que presentar un documento que certifique el cumplimiento de las sesiones semanales. Después de perder el litigio por la custodia de los niños en Italia, Rivas fue condenada en España a cinco años de cárcel y otros seis de inhabilitación de la patria potestad por delitos de sustracción de menores. La sentencia está ahora recurrida.

Custodia exclusiva

Desde hace año y medio, Arcuri, hijo de un periodista retirado, es quien se ocupa del cuidado diario de los menores. Por la mañana, hace la compra, trabaja y prepara el almuerzo. Las tardes las aprovecha para los deberes y alguna actividad deportiva, como fútbol o windsurf. Una educadora acude a su casa dos veces por semana, de cuatro a seis de la tarde, para jugar, hablar y ayudar en las tareas escolares. La residencia familiar está en Carloforte, el municipio más relevante de la isla de San Pietro, en la región de Cerdeña. La justicia italiana le concedió la custodia exclusiva y así se lo notificó el pasado 20 de marzo. La madre puede pasar con ellos los fines de semana alternos, mientras resida en Italia, y parte de las vacaciones de verano. En caso de que se trasladase a España, las visitas se reducirían a una cada cinco semanas. Desde el despacho de la defensa confirman que Rivas vive en Cagliari, la capital de Cerdeña. Es una ciudad hermosa y llena de vida, con barrios muy pintorescos y el mar a pocos pasos. Se ha instalado en uno de sus alojamientos Bed and Breakfast, de precios moderados. Si no fuera por las circunstancias, sería un lugar idílico para relajarse. De la céntrica Piazza Matteotti un transporte especial conduce hasta el aeropuerto de Elmas, que conecta con las principales ciudades europeas. Recoge a sus hijos en el colegio los viernes que le corresponden y los deja de vuelta en el centro el lunes por la mañana. Desde Cagliari recorren un trayecto de unas dos horas y media que incluye un pequeño tramo en ferry. Es en estos momentos cuando, según el abogado español de Arcuri, explota la situación de vulnerabilidad de los críos para denunciar. ¿Qué pasará en los próximos meses? Maite Pozo, abogada de Rivas desde hace cuatro meses, nos avanza que agotarán todas las vías para evitar tanto la privación de la patria potestad como su ingreso en prisión. De momento, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y en 15 días hábiles decidirá si lo admite. Si finalmente fallara de nuevo en su contra, pedirían el indulto. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? La respuesta de la letrada es escueta pero directa: «Yo me limito a trabajar a partir de lo que, acertada o desacertadamente, se hizo hasta el día en que asumí su defensa».

Picaresca en las denuncias

Da igual el porcentaje de denuncias falsas que se exponga porque la realidad es mucho más compleja que un dato y la picaresca en los casos de separación parece que va en aumento. El abogado Gerardo Rodríguez Acosta, experto en Derecho de Familia, asegura que hay muchísimas más de las que se recogen oficialmente. «Cada una de ellas desencaja el sistema de protección de la mujer ante la violencia de género. Los jueces saben cuándo un letrado presenta una denuncia falsa, incluso existiendo informes médicos. La dificultad está en probar que está mintiendo. Lo más grave es que, cuando la mentira prolifera, se acaba perjudicando a mujeres realmente maltratadas cuyas denuncias no prosperan por no poder acreditarlo suficientemente». A su juicio, la situación es tan delicada como indignante. «Son tribunales que se crearon para proteger a la mujer de forma rápida y ágil, pero estos casos han vuelto escépticos a los jueces. Por otra parte, crea una situación de colapso en unos juzgados que deberían actuar rápido. Las peores consecuencias las padecen víctimas reales que en muchas ocasiones arrastran años de sufrimiento en silencio y, cuando por fin toman la determinación de denunciar, se encuentran que, por saturación o falta de recursos, no reciben la atención que deberían». El abogado lamenta esta trampa que, según observa, llega igual desde los letrados que desde algunas instituciones.