Un juicio de abuso sexual infantil dura más de tres años

Por mucho que se trate de proteger al menor, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuales siguen enfrentándose en nuestro país a procesos judiciales demasiado largos que los exponen nuevamente al dolor de los hechos sufridos. Así lo refleja el nuevo informe de Save the Children «Por una justicia a la altura de la infancia», basado en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024. Según el estudio, en el 82,9% de los casos las víctimas son niñas o adolescentes, lo que confirma una tendencia estable y creciente (en el año 2023 fue del 80,3%). La edad media de inicio de los abusos se sitúa en los 12 años. Además, en un 5% de los casos las víctimas presentan alguna discapacidad.

Save the Children advierte de que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y, al mismo tiempo, una de las más ocultas. Prueba de ella son los últimos datos del Ministerio del Interior. En 2023 se presentaron 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse. «Estamos ante una violencia silenciada: casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos. La justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual», afirma Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial. En cuanto a los agresores, el 98% son hombres.

En 8 de cada 10 casos es una persona conocida por la víctima, manteniéndose así la tendencia del anterior informe, principalmente procedentes del entorno familiar en un 41,8% de los casos. Otro 38,7% corresponde a personas conocidas no familiares, como amigos de la familia o profesionales que trabajan con la infancia. En el 19,5% restante, el agresor es desconocido, cifra que ha aumentado en dos puntos en comparación con el informe previo. Respecto a los antecedentes de los agresores, en 6 de cada 10 casos no tenían antecedentes penales. Entre quienes sí los tenían, apenas un 16% estaba vinculado a delitos sexuales, lo que confirma que, en la mayoría de los casos, los agresores son difíciles de identificar por sus antecedentes.

El estudio pone de manifiesto que el 40,9% de los casos se prolonga más de tres años, y en un 12,1% supera los cinco años. Las víctimas, además, deben revivir los hechos una y otra vez: más de la mitad de las víctimas tuvo que declarar más de una vez. «Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas. La implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones», señala Perazzo.

Aunque la aplicación de la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio, se menciona en un 34,5% de los casos, cifra sigue siendo insuficiente. «El testimonio de los niños y niñas víctimas es la principal prueba en la mayoría de los casos. Por eso es preocupante que todavía no se generalice la prueba preconstituida, que además es obligatoria para menores de 14 años, y que muchas víctimas tengan que revivir el trauma una y otra vez a lo largo del proceso, incluso durante el juicio oral», añade Perazzo.

En 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la ley. Sin embargo, sólo se contempla la creación de tres (Barcelona, Madrid y Málaga) secciones especializadas para todo el Estado. Aunque se trate de un avance, Save the Children advierte de que esta medida deja fuera a la mayoría de niños y niñas víctimas de violencia, ya que dejará la mayoría de los casos en manos de secciones de instrucción sin formación específica en infancia. Asimismo, es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra lo mejor y menores), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas. Si bien la implantación de estas secciones debe ser progresiva, cumplir con los compromisos de esta ley exige un despliegue más ambicioso desde el inicio.

Además, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) aprobada hace ya 4 años, no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares para abordar estos casos.