En el momento actual, las dos lenguas de signos que existen en nuestro país gozan de un amplio reconocimiento legal. No obstante, el presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Roberto Suárez, denuncia que todavía siguen discriminadas en sectores tan esenciales de la sociedad como son la educación, la sanidad, el empleo o los medios de comunicación. Por este motivo, pide que se tomen medidas firmes para conseguir la inclusión definitiva de estas lenguas en España.

¿Qué avances se han logrado en el reconocimiento y la protección legal de la lengua de signos, y qué queda por hacer?

El reconocimiento legal de la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC) mediante la Ley 27/2007 supuso un hito fundamental para las personas sordas y sordociegas. Esta norma marcó un antes y un después, al otorgar a nuestras lenguas un marco jurídico que no solo las reconoce como medios de comunicación legítimos, sino que además protege y promueve su uso. Sin embargo, el paso del tiempo ha evidenciado una carencia alarmante de voluntad política para garantizar su aplicación efectiva. Existe un desarrollo reglamentario de esta norma, el Real Decreto 674/2023, que de facto contempla la presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos de la vida pública. Y a pesar de ello, aún estamos lejos de vivir en un país donde ese derecho se garantice sin excusas ni excepciones. Las lenguas de signos no son una opción: son un derecho humano esencial. Son la base de nuestra ciudadanía plena, una herramienta para ejercer otros derechos como el acceso a la información, a la educación, a la salud, a la cultura, al empleo o a la justicia. Reconocerlas es un primer paso, pero hacerlas efectivas requiere compromiso, recursos y acción política decidida. Porque la inacción perpetúa la marginación de las lenguas de signos y de quienes las utilizamos.

¿Cómo valora su implantación en el ámbito público?

Insuficiente. Las lenguas de signos siguen sin estar garantizadas en los servicios públicos de forma estructural y estable. Las personas sordas nos seguimos enfrentando a diario con enormes dificultades para acceder a servicios básicos como una consulta médica, un trámite administrativo, un programa de televisión o una clase en el instituto. Hay que recordar que no hablamos de privilegios, hablamos de derechos humanos. La accesibilidad no puede depender de la voluntad de cada administración o institución: debe ser una obligación legal, con financiación y seguimiento. De ahí que reclamemos políticas públicas comprometidas, con recursos suficientes y mecanismos de vigilancia para asegurar su cumplimiento.

¿Cómo ve la situación de la educación bilingüe en España?

La educación bilingüe entendida como un modelo que integra la lengua de signos y la lengua escrita sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. En la práctica, este modelo solo se implementa de forma parcial y en muy pocos centros. Son muchas las niñas y niños sordos que no tienen acceso a una educación verdaderamente bilingüe, lo que limita sus oportunidades educativas y sociales. Es más, son muchas las niñas y niños sordos que no tienen acceso a su lengua natural, la lengua de signos, en etapas clave de su desarrollo cognitivo. Y esto no solo atenta contra su derecho a aprender, sino que pone en peligro su identidad y pertenencia cultural. Es urgente reconocer que sin lengua de signos en las aulas no hay inclusión educativa real. A tal efecto, exigimos una apuesta firme y coordinada por este modelo, con formación para el profesorado, recursos adecuados y la necesaria colaboración con las familias con hijas e hijos sordos. Solo así la educación bilingüe dejará de ser una excepción para convertirse en un modelo disponible y reforzado en todo el territorio.

¿Qué barreras más llamativas cree que aún persisten y que impiden una verdadera inclusión de las personas con discapacidad auditiva en España?

La principal barrera está en la comunicación. Sin acceso pleno a la información y al entorno no puede hablarse de inclusión. A esto se suma la falta de sensibilización social sobre la comunidad sorda y su cultura, la escasez de recursos específicos en los servicios públicos y la lentitud administrativa para aplicar políticas inclusivas. Por otro lado, existe un problema estructural: muchas leyes y reglamentos mencionan la accesibilidad de forma genérica, pero no concretan cómo garantizarla para las personas sordas en términos lingüísticos y culturales. En definitiva, discriminación y más discriminación. Hospitales donde no se garantiza la presencia de intérpretes ni videointerpretación; espacios culturales que no contemplan nuestra participación; medios de comunicación que no nos incluyen; mujeres sordas que callan ante la violencia por temor a no ser comprendidas; personas mayores que enfrentan la soledad por falta de apoyos accesibles… Esta exclusión sistemática no es casual: responde a una opresión lingüística e institucional que limita nuestros derechos y nuestras vidas. Es hora de dejar de tratar la lengua de signos como algo accesorio o ajeno, y reconocerla como lo que realmente es: una lengua viva que enriquece y fortalece a toda la sociedad y que forma parte del patrimonio colectivo.

Muchos jóvenes aún encuentran barreras para acceder a la educación superior. ¿Qué medidas deberían implantarse?

Es fundamental que las universidades cuenten con servicios de interpretación en lengua de signos, subtitulado en tiempo real y apoyo pedagógico adaptado. Como también lo es que se ofrezca a los estudiantes orientación académica y profesional adaptada desde etapas previas, ya que muchas/os jóvenes sordas/os no acceden a la universidad por falta de información o de referentes. Sea como sea, la inclusión no puede depender de peticiones individuales: debe ser una práctica sistemática. Porque no solo se trata de eliminar barreras, sino de transformar las mentalidades. La juventud sorda necesita ser escuchada y respetada en su propia lengua. Y eso pasa por reconocer la diversidad lingüística en los planes de estudio universitarios y formar a docentes con sensibilidad hacia las personas sordas.

En cuanto al mercado laboral, ¿cuáles son los principales obstáculos de las personas sordas para lograr un empleo digno?

Sin duda, la falta de accesibilidad y los prejuicios. Muchas empresas todavía asocian erróneamente la sordera con falta de talento o baja cualificación. Por otro lado, el desconocimiento acerca de su realidad comunicativa les lleva a no adaptar los procesos de selección ni tampoco los entornos laborales. A ello se suma la falta de formación profesional accesible, lo que dificulta el desempeño y promoción laboral de las/os trabajadoras/es sordas/os. Recordemos que las personas sordas tenemos derecho a un empleo digno, y eso exige acciones firmes por parte de empresas, administraciones y legisladoras/es. La clave de todo ello es el compromiso y la accesibilidad. Resulta esencial que se fomente el empleo con apoyo, que se desarrollen programas de sensibilización en las empresas y que se incentive al mismo tiempo la contratación de personas sordas con los perfiles cualificados. Porque las personas sordas somos tan capaces como el resto.