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Los padres por gestación subrogada interponen un recurso ante el Supremo

Las familias solicitan la suspensión cautelar y anulación de la instrucción que impide que los bebés sean inscritos instantáneamente como españoles

  • Los padres por gestación subrogada interponen un recurso ante el Supremo

Tiempo de lectura 2 min.

17 de septiembre de 2019. 22:03h

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Belén Tobalina 17/9/2019

La Plataforma por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (Apingu) acaba de informar de que el pasado 16 de septiembre se ha presentado un escrito de interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la inadmisión a trámite por la vía de lo contencioso del recurso interpuesto contra la Instrucción del 18 de febrero de 2019. En el escrito solicitan la suspensión cautelar y anulación de dicha instrucción, de manera que las familias por gestación subrogada en dichos países pueden inscribir, al menos, la paternidad de los bebés y regresar de manera regular como españoles con derechos, sin la sentencia extranjera que ha exigido el Gobierno al margen de “nuestro Derecho”.

Desde la plataforma consideran que “la inactividad de la Administración General del Estado” no solo continúa, sino que “es intencional”, ya que “conoce y ha difundido oficialmente el Dictamen vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“El recurso de casación anunciado -prosiguen- sostiene que el orden jurisdiccional de lo contencioso sí es competente para dictar la suspensión y anulación de la disposición general recurrida, por cuanto que ninguna ley la exceptúa de su control”. Además, “el recurso indice en que, al estar exigiendo una sentencia extranjera a todos los nacidos por subrogación para ser inscritos en sede consular, y no venir semejante exigencia contemplada en nuestro ordenamiento jurídico (como tampoco se contempla para los adoptados), la instrucción recurrida dista de ser una simple resolución de interpretación y aplicación de Derecho ya vigente, y se convierte en una disposición general creadora de Derecho, ilegítima por carecer la Dirección General de la potestad normativa necesaria para ello”, denuncian.

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