Los obispos dan luz verde a que las víctimas de abusos acudan al Defensor del Pueblo

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aceptado la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se propone que aquellas que no han querido acudir a la comisión impulsada por la Iglesia lo hagan a través del Defensor del Pueblo.

Así lo ha indicado este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), César García Magán, en rueda de prensa tras la reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos, en la que ha indicado que una vez que han aceptado "ese marco general de referencia" planteado por el Ejecutivo, ahora la Comisión Ejecutiva continúa con la negociación, informa Efe.

"Es una negociación que está abierta, que está caminando, que va avanzando, que tiene un buen avance, que tiene un buen avance donde está el Gobierno y también, indirectamente, el Defensor del Pueblo. Estamos trabajando en ello y ahora seguiremos concretando y negociando para reglamentar de alguna forma, a través del Defensor del Pueblo, los casos que no quieren acudir a la Iglesia", ha dicho.

La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas que no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.

El obispo auxiliar de Toledo ha insistido en que ahora es el momento de negociar con el Gobierno, cuyo objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

Sobre la creación de un posible fondo común para hacer frente a las indemnizaciones, García Magán no se ha pronunciado y se ha excusado en la "discrecionalidad" de las negociaciones, y ha insistido en que la Conferencia Episcopal "garantiza aquellas indemnizaciones que las diócesis no pueden pagar". Lo que sí ha confirmado es que entre los puntos a negociar está el hecho de que las víctimas tengan que pagar impuestos por las reparaciones recibidas y ha dicho que han pedido al Gobierno que las indemnizaciones estén exentas de tributación.

Por el momento son 101 las solicitudes que ha recibido la comisión del Plan Priva, de las que ya ha resuelto 58 y 11 las resolverán "próximamente, por lo que ascenderán a 66", ha detallado García Magán, que ha valorado el trabajo de "una comisión totalmente autónoma e independiente", que ha propuesto indemnizar a los solicitantes con entre 3.000 y 100.000 euros dependiendo de la gravedad de cada situación.

Caso Zornoza

El secretario general de los obispos ha intentado eludir hablar de la investigación del Vaticano al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor, y sólo se ha referido al caso para pedir respeto a la presunción de inocencia. "Hay un procedimiento judicial abierto en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España y hay que respetar esos procedimientos y dejar a los jueces que actúen", ha recalcado García Magán, quien ha pedido a los medios que respeten la presunción de inocencia, "que también tiene un obispo".

Zornoza no ha asistido a la Asamblea Plenaria por decisión propia, aunque podía hacerlo -en calidad de obispo de una de las 70 diócesis españolas-, porque el Papa León XIV aún no ha aceptado su renuncia. "La Conferencia Episcopal no le hemos prohibido que viniera, ha sido una decisión suya y además está con un tema de salud grave", ha explicado.

También ha reclamado que se respete la presunción de inocencia del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, al que la Fiscalía investiga por los posibles delitos de odio y discriminación a causa de unas declaraciones en las que defendía las terapias de conversión de la homosexualidad y que fueron denunciadas por una plataforma ciudadana que las considera homófobas.

García Magán también se ha referido al aborto para criticar que en la habitación de un hospital se esté intentando salvar a un prematuro de cuatro meses y en la de al lado se esté practicando un aborto. "Eso es una hipocresía social o se quiere una esquizofrenia social que todos debemos de plantearnos más allá de las convicciones religiosas", ha aseverado.