La Iglesia informará más a las víctimas de abusos

La Iglesia española se impone a sí misma aumentar la medidas garantistas para las víctimas de abusos sexuales. Así lo recoge la instrucción que ha aprobado la Conferencia Episcopal Española. Se trata de un manual de uso tanto para las diócesis como para las congregaciones españolas, que aglutina todas las normas vaticanas promulgadas por Francisco bajo la máxima de «tolerancia cero». En el artículo 16, que recoge los principios rectores y finalidad de la investigación previa, se apunta que estas pesquisas iniciales deben realizarse «con un criterio preferencial de atención a la presunta víctima».

Así, se expone literalmente que a la víctima «se deberán comunicar las personas designadas para llevarla a cabo, informándole igualmente del estado de la investigación y, en su caso, de las medidas cautelares adoptadas». Esta obligatoriedad implica incluso «levantar acta de la actitud procesal que vaya a adoptar la presunta víctima».

«Se la debe informar de sus derechos, de sus posibilidades de actuación, así como de las consecuencias jurídicas, canónicas y civiles de cada una de ellas, de todo lo cual se dejará constancia en las actas», explicita la nueva normativa. Además, reproduce otras medidas que ya vienen marcadas desde Roma como la expulsión del estado clerical como pena máxima para los sacerdotes pederastas, así como multas dinerarias para el autor y para la diócesis, en concepto de responsabilidad subsidiaria, si se demuestra que se tuvo una actitud negligente en un caso determinado.

«Es una de las herramientas de las que la Iglesia nos está dotando a todos para que estos hechos no vuelvan a suceder», explicó ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, durante la puesta de largo de la instrucción en Madrid.

En el acto, el también obispo auxiliar de Toledo entonó un nuevo «mea culpa» colectivo: «Como Iglesia, somos un pueblo avergonzado, pero esperanzado». «No nos cansaremos de pedir perdón ni de poner los medios para que la Iglesia sea cada vez más un lugar seguro para niños y jóvenes», subrayó. En esta misma línea, el portavoz de los obispos declaró que este dolor y vergüenza manifestados «sólo serán fecundos si sirven para realizar cambios imprescindibles en la forma de proteger a los menores y apartar de su lado a los victimarios».

Por su parte, Jesús Rodríguez Torrente, responsable del Servicio de Asesoramiento para las Oficinas de Protección de Menores y Personas Vulnerables, verbalizó que, con estas medidas canónicas, se busca «devolver la esperanza a muchas familias rotas» para que «sepan que estamos luchando porque haya acogida, justicia y sanación».

Junto a la instrucción, los obispos también dieron a conocer ayer el informe «Para dar luz», que fue presentado el pasado mes de marzo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y que recoge en 2.500 páginas distribuidas en siete tomos las actuaciones y protocolos contra los abusos llevadas a cabo por la Iglesia en estos tres años.

Hasta ese momento, se ha recopilado el testimonio de 927 víctimas de abusos cometidos por 728 sacerdotes y otros religiosos desde los años cuarenta hasta la actualidad. El análisis de estos datos desvela que el 75% de los casos se produjeron antes de 1990. Más de la mitad de los acusados, un total de 378, son sacerdotes. Además, hay 208 religiosos, 92 laicos y 23 casos en los que el denunciante no supo la condición eclesial del agresor. El 63,6% de los acusados están fallecidos. La orientación de las agresiones sexuales es mayoritariamente de carácter homosexual masculino, alcanzando el 81,89% de los casos frente a un 17,69% de casos en los que los abusos eran de carácter heterosexual.

En cualquier caso, no se trata de una cifra definitiva, en tanto que en paralelo continúa funcionando la auditoría externa que los propios obispos encargaron al bufete Cremades&Calvo-Sotelo y que será presentado el próximo otoño. El director de la Oficina de Comunicación del Episcopado, José Gabriel Vera, insistió en que se trata de un informe «vivo» que se irá actualizando. De la misma manera, desde la Conferencia Episcopal se subraya que este trabajo se ha realizado a partir de los testimonios recopilados por las oficinas locales de atención a víctimas que obligó a poner en marcha el Papa, sin presuponer ni probar inocencia o culpabilidad. Este condicionante podría provocar que algunos de los casos presentados, que han tenido recorrido judicial, hayan sido archivados, el acusado haya sido absuelto o la investigación siga abierta.