Alimentación
Petición para regular la publicidad de alimentos no saludables sin control
Asociaciones del sector reclaman vigilar también el etiquetado
La Alianza por una Alimentación Saludable ha reclamado al nuevo Gobierno nuevas políticas públicas sobre alimentación que incluyan la regulación de la publicidad y etiquetado de alimentos no saludables y la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años.
En este sentido, las organizaciones que forman parte de la Alianza han presentado siete peticiones sobre políticas alimentarias para que el nuevo Gobierno entrante pueda implementarlas de forma urgente.
La primera de sus peticiones incluye la elaboración de una Ley que regule la publicidad y el etiquetado de alimentos y bebidas ultraprocesadas con alto contenido en calorías, grasas saturadas, sal o azúcares. «Se debe evitar la exposición de los menores a todas las formas de marketing de este tipo de productos para proteger adecuadamente sus derechos», señalan en un comunicado.
Entre dichos derechos se encuentran: el derecho a la salud; el derecho a la información clara sobre los verdaderos efectos de los productos publicitados; el derecho a la educación sobre conocimientos y habilidades para adquirir hábitos de vida saludables; el derecho a actividades culturales libres de presencia de contenidos comerciales intrusivos y dañinos para su desarrollo físico, intelectual o emocional; y el derecho a la privacidad, socavado cuando se recolectan y almacenan datos a través de internet para personalizar las estrategias publicitarias.
«El Gobierno debería reclamar la implantación de un sistema de etiquetado nutricional frontal interpretativo a nivel europeo o, en su defecto, implantarlo a nivel estatal. Existen sistemas ya implantados en otros países, de efectividad probada, que podrían servir de modelo, como los basados en los perfiles nutricionales de la OMS que facilitan la decisión de compra informada al consumidor», señalan.
La segunda petición está relacionada con la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, dándole un tratamiento similar al de las bebidas alcohólicas. En este sentido, aseguran que es necesaria la aprobación de un etiquetado de advertencia visible en el frontal de los envases, informando sobre la alta cafeína, azúcares y otros componentes.
Por otro lado, la Alianza pide una Ley estatal de compra pública alimentaria. «Pedimos a las Administraciones Públicas que hagan un esfuerzo por adaptar su normativa y poner en marcha con urgencia los mecanismos necesarios que permitan la introducción de criterios de compra pública verde en las licitaciones y otros contratos de gestión relacionados con los comedores escolares», declaran.
Dentro de esta propuesta se incluye el fomento de la compra de productos de proximidad, sostenibles y ecológicos, como forma de apoyar la economía local y reducir la huella de carbono. También piden la regulación para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos con «un servicio de comedor público, de calidad y gratuito para todas las personas que lo necesiten». Así, solicitan a la Administración que «apueste de manera contundente por una alimentación sana y sostenible, exigiendo que la compra incluya necesariamente alimentos saludables, de proximidad, de temporada y cuya producción sea respetuosa con el medio ambiente».
«Es necesaria la aprobación de una legislación que ampare, proteja y garantice que las cantinas, cafeterías y máquinas expendedoras de centros de secundaria oferten exclusivamente alimentos saludables», señalan.
Por otro lado, la Alianza apuesta por las políticas de precios bajando los impuestos a los alimentos saludables y subiéndolos a los insanos o con alto impacto ambiental, como las bebidas azucaradas, bollería industrial, carnes procesadas, etcétera.
Por último, entre las peticiones está la creación de una ley para la prevención del consumo de alcohol en menores que permita: retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol; cambiar la actual percepción baja del riesgo asociado al consumo del alcohol; contribuir a un cambio cultural en el conjunto de la sociedad para cambiar el patrón de consumo tanto en población adulta como en menores; y promover una mayor implicación y coordinación de los distintos poderes públicos, locales, autonómicos y gobierno central para mejorar los controles de acceso al alcohol por menores.
El Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición manifestaron su apoyo a estas iniciativas de la Alianza por una Alimentación Saludable.