Hace ahora dos años se desataba un conflicto eclesial que todavía sigue sin resolverse. El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, designaba motu proprio a un sacerdote diocesano como rector de Torreciudad, el enclave aragonés que hoy por hoy es el epicentro de las peregrinaciones del Opus Dei. Se trataba de una decisión inédita, que respondía a la negativa de la Prelatura de presentarle una terna de curas para elegir al mejor candidato. Este desencuentro era la punta del iceberg de un enfrentamiento más profundo que todavía continúa sin resolverse. La cuestión de fondo es dirimir quién tiene la última palabra sobre el lugar desde el punto de vista canónico, civil y pastoral. Y, por tanto, también en lo económico.

A la espera de que se pronuncie Alejandro Arellano, comisario pontificio nombrado por el Papa Francisco el pasado octubre para resolver el caso con un dictamen final, ayer la Diócesis de Barbastro-Monzón movía ficha con una propuesta inesperada para desentenderse de la gestión de Torreciudad y que sea el Vaticano el última responsable de lo que allí suceda, con un especial énfasis en la cuestión financiera. De esta manera, el obispo acabaría con las suspicacias generadas en algunos foros eclesiales que le acusaban de que su principal preocupación era aumentar la hucha diocesana.

Para descargar toda tutela sobre Roma, Ángel Pérez Pueyo propone que el actual oratorio semipúblico se erija como santuario internacional «bajo la dependencia directa de la Santa Sede». «Deseamos así que puedan hacerse realidad las aspiraciones de la Prelatura del Opus Dei de impulsar la Ruta de San Josemaría y la Ruta Mariana Internacional», justifican en la Diócesis a través de un comunicado.

De esta manera, Roma se situaría como «autoridad competente», lo que se traduciría en ser «la responsable e interlocutora natural». Es decir, al constituirse como un «ámbito extraterritorial», también le permitiría gozar de «independencia económica respecto de la diócesis de Barbastro-Monzón y, como dependiente de la Santa Sede, sea esta la que audite y apruebe sus cuentas, así como las de las sociedades y fundaciones en torno al complejo». Resulta especialmente significativo que en el documento emitido por el Obispado aragonés se subraye que la diócesis renuncia «a cualquier beneficio o remuneración por parte de ellas», pero, sobre todo, a «cualquier responsabilidad patrimonial o de otro tipo que pueda surgir del origen o del devenir de los fondos recaudados y de las estructuras societarias creadas para canalizarlos».

A través de este comunicado, Pérez Pueyo y su equipo se echan a un lado, con lo que hay quien lo interpreta ya como un órdago. Incluso se desmarca del episodio que provocó que esta batalla se tornara en pública y publicada. Y es que la nota episcopal recoge explícitamente que el Opus Dei podría designar «libremente, conforme a derecho, al rector del nuevo santuario».

Con esta propuesta de desprendimiento por delante, la Diócesis de Barbastro-Monzón solo reclama para sí dos piezas con una carga patrimonial y sentimental de hondo calado. Por un lado reivindica que la imagen original de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad retorne a la ermita-santuario original, puesto que actualmente se venera en el templo levantado en 1975 por el Opus Dei. En este nuevo edificio, a petición del obispo, se quedaría «una copia». Por otro lado, también se plantea el retorno de la primitiva pila bautismal de la catedral de la Diócesis de Barbastro, trasladada a la Casa General de la Prelatura en Roma. ¿El motivo de esta vuelta? El Obispado recuerda que en ella «fueron bautizados tantos mártires de nuestra Diócesis».

Al margen de los argumentos más prosaicos, Pérez Pueyo explica en el comunicado que «esta propuesta, elevada al discernimiento del Santo Padre León XIV, quiere ser de nuevo expresión de una diócesis que no divide, sino que une». En el mismo texto, se apunta que este planteamiento «no reclama, sino que ofrece, que no impone».

Tras conocer esta iniciativa de Pérez Pueyo, el Opus Dei emitió un comunicado en el que simplemente dice mantenerse «a la espera» de la resolución que dicte el comisario pontificio. «A lo largo de estos meses nos hemos puesto a su total disposición para todo lo que ha requerido», expresan.

Lo cierto es que la actual encrucijada tuvo su origen en 2020 cuando, según el relato de la Diócesis, la Prelatura se dirigió al Obispado con una petición de novación contractual. A partir de entonces, comenzó el intercambio de pareceres para reformular el estatus de Torreciudad. A la vista está que aquello no fructificó.