¿Secuestro de las ancianas de Belorado? No, solo traslado

Las cinco monjas mayores del convento de Belorado no han sufrido un intento de secuestro ni por parte del Arzobispado de Burgos ni por parte de la jueza ni de la Fiscalía de Briviesca. Al menos eso se deduce de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha archivado la denuncia presentada por el abogado de las exclarisas cismáticas, Enrique García de Viedma, que aseguraba que las ancianas habrían sido víctimas de una supuesta detención ilegal el pasado 1 de agosto.

García de Viedma, hermano de la exabadesa y líder del grupo, presentó la demanda en nombre de cuatro de las cinco monjas mayores, ya que sobre la quinta –la madre Pureza– no tiene poderes de representación.

Lo cierto es que aquel viernes, el mismo día que se dio vía libre al futurible desahucio de las ocho cismáticas, la magistrada responsable del caso y la fiscal activaron una comisión judicial para que las cinco monjas ancianas fueran trasladadas a otros monasterios de clarisas para ser atendidas por religiosas «auténticas», dentro de las medidas cautelares de tutela para protegerlas.

Sin embargo, cuando se desplazó la comisión compuesta por la propia fiscal, la Guardia Civil, cinco clarisas de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu y una delegación del Arzobispado de Burgos al monasterio de Belorado, corroboraron en primer lugar lo que ya sospechaban: las monjas mayores, de entre 86 y 100 años, habían sido enviadas sin previo aviso a Orduña. Eso obligó al dispositivo a trasladarse al convento vizcaíno. Una vez allí, no pudieron completar el encargo judicial ante el estado de ansiedad de las ancianas. Suspendieron el procedimiento, levantaron la correspondiente acta judicial y abandonaron el lugar.

En medio de este entuerto se presentaron allí dos de las cismáticas para impedir, como ellas mismas anunciaron públicamente, lo que tacharon de secuestro. «Quieren estar con nosotras. Han querido llevárselas en contra de su voluntad. Se está cometiendo una injusticia y se está violando su derecho de querer quedarse con nosotras, se las quieren llevar incluso a la fuerza y quieren quedarse, las están secuestrando», denunciaba sor Paloma, una de las excomulgadas.

Sin embargo, ahora la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera en su auto que «no procede abrir procedimiento alguno penal, dado que no existe querella legal formulada contra los supuestos autores del delito denunciado –que tampoco están determinados en la denuncia– ni dispone el tribunal de conocimiento sobre los hechos que le autorizarían a una actuación de oficio». De esta manera, descarta abordar los hechos que el letrado recoge y que, según él son constitutivos de delitos de falsedad en documento público, impedimento del ejercicio de derechos constitucionales e intento de detención ilegal.

En cualquier caso, el abogado de las cismáticas tiene un plazo de tres días para presentar un recurso ante la propia sala.