Utilizaban a un colombiano fallecido para cargarle las multas que cometían los vehículos de sus empresas

Efectivos del Grupo de Investigación y Apoyo a Tráfico (GIAT), pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete investigan a dos personas, vecinas de Murcia, como presuntas autoras de un delito continuado de falsedad documental. Identificaron como conductor de vehículos pertenecientes a las empresas que regentaban, implicados en ocho expedientes de denuncia tramitados por la Dirección General de Tráfico, a una persona de nacionalidad colombiana, fallecida en su país de origen, con anterioridad a la ocurrencia de las infracciones.

Los agentes trataban de localizar el paradero de una persona, de nacionalidad colombiana, residente en Albacete, a la que había que notificarle un expediente de pérdida de vigencia de su permiso de conducir en España, por la pérdida total de los puntos asignados. El muerto era la persona responsable de ocho infracciones al Reglamento General de Circulación, por superar los límites de velocidad permitidos, captadas por distintos radares de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre el mes de abril de 2021 y el mes de julio de 2022.

En estas investigaciones, la Guardia Civil, a través de Interpol, pudo averiguar que esta persona había fallecido en su país de origen en el año 2019, lo que hacía imposible que fuera la conductora de los vehículos implicados en el momento de producirse las infracciones.

Los vehículos pertenecían a dos empresas, cuyos responsables residían en Murcia; identificaban a los conductores en el momento de producirse las infracciones, y por tanto, son los autores de haber facilitado la DGT la identidad de una persona que no había tenido participación en los hechos.

Tras la identificación de los supuestos conductores, la DGT dirigió los ocho expedientes de denuncia en los que se había identificado como conductor a la persona fallecida.

La Guardia Civil recuerda que identificar falsamente al conductor de una infracción administrativa, supone un delito de falsedad documental, castigada según el Código Penal con penas que van desde la prisión de tres a seis años y la multa de seis a doce meses.