Rectificación del artículo publicado "La Audiencia Nacional pide a Luxemburgo información para bloquear 40 millones de un exministro venezolano"

En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, se publica rectificación solicitada por D. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas en relación con el artículo publicado el 8 de febrero de 2023 en la edición digital de LA RAZÓN, bajo el título “La Audiencia nacional pide a Luxemburgo información para bloquear 40 millones de un ex ministro venezolano”, firmado por Dña. Irene Dorta. Así:

- “No fui ministro venezolano; fui Viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, pero no “responsable de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez”.

- No tuve nunca responsabilidades ni cargo orgánico alguno en PDVSA. Por ello, no estoy ni estuve encausado ni implicado en la “investigación del desfalco de la petrolera venezolana PDVSA”, que se investiga en la pieza primera de las Diligencias Previas nº 38/2017 abiertas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3.

- La pieza segunda de estas Diligencias fue archivada, para todos los investigados, al no apreciarse indicios de delito. No fue archivada por haberse investigado los hechos en Portugal.

- La pieza tercera, donde se investiga una inversión en una sociedad titular de inmuebles en Málaga, se encuentra actualmente en fase de investigación. El Juzgado no ha concretado la cuantía de responsabilidad civil a la cual los investigados podrían enfrentarse ni quién sería perjudicado.

- El Juzgado Central de Instrucción denegó la petición de la Fiscalía para bloquear los fondos en Luxemburgo de CVGN, empresa de la que soy titular, no sólo con el argumento de que yo no estaba implicado en la investigación de PDVSA y que la pieza segunda ya se había archivado, sino básicamente porque los hechos relativos a la empresa CVGN “ni siquiera integran ni han integrado nunca el objeto de este procedimiento en su integridad”.

- La sociedad CVGN no ha operado nunca en España.

- Después de más de siete años de investigación, no he sido condenado a pena alguna. De hecho, no se ha abierto contra mí ningún juicio. Por el contrario, el Tribunal Constitucional me otorgó amparo (STC 180/2020) ante las irregularidades que sufrí en este procedimiento y que vulneraron mis derechos fundamentales.”