Corrupción; el virus que supera una pandemia

En Ecuador, Perú y Honduras, entidades estatales vienen siendo investigados por inflar los precios de productos sanitarios contra la COVID-19, en hasta un 150% por encima de su precio normal

A consecuencia de la pandemia, la mayoría de países de América vienen enfrentando más que solo una crisis sanitaria, envueltos en enredos políticos, sociales y el inminente caos económico. Más allá de las medidas que cada Gobierno ha ido adoptando, las muertes y la situación caótica no han conmovido a muchas autoridades locales de la región, quienes habrían estado lucrando con presupuestos públicos destinados a la emergencia sanitaria.

En Ecuador, Perú y Honduras, jefes de diversas entidades del Estado, reportaron un sobrecosto de hasta un 150% por encima del precio normal, en ventiladores, mascarillas, guantes, desinfectantes, y hasta en productos alimenticios que tenían que servir para la protección de sus funcionarios.

En Ecuador, las denuncias van dirigidas a organizaciones estatales como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y varios hospitales, al exponerse contratos con los precios más caros del mercado en la compra de insumos, y equipos médicos.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, advirtió en cadena nacional que su gestión será “implacable contra la corrupción” y aseguró que se hará justicia “caiga quien caiga”.

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, reprochó a través de su cuenta de twitter la situación, calificándolo como un “acto miserable, el aprovecharse de la tragedia sanitaria”.

La última semana, la fiscalía ecuatoriana ha intensificado la investigación en más de 10 hospitales en diferentes ciudades. Asimismo, desde este lunes se ha puesto a disposición de la ciudadanía un canal de denuncia, en el que se podrán dar a conocer los posibles futuros casos de corrupción.

En Perú, hace algunas semanas las principales organizaciones policiales del Estado vienen siendo investigados por supuesta malversación de fondos gubernamentales, la característica en común, la inflación de precios en productos sanitarios.

Si bien son más de 15 instituciones en averiguaciones, la Dirección de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (DIRINCRI) -Institución encargada de investigar los más grandes actos criminales del país- habría sido uno de los principales establecimientos en los que se cometieron los actos delictivos, según dio a conocer el informativo dominical Panorama.

“Todo es real, los generales y demás involucrados robaron un dinero que era para comida, mascarillas, guantes y trajes de protección, que al final no nos llegaron”, afirma a LA RAZÓN, un oficial de la policía nacional del Perú, quien se encuentra en cuarentena por dar positivo a las pruebas de COVID-19.

“Se sabía que habían personas de riesgo en la unidad, no se tomaron precauciones y fumigaron muy pocas veces. Es indignante como en estas circunstancias pueden jugar con la vida de las personas”, añadió el oficial peruano.

En Honduras, la situación no es diferente, los actos de irregularidad durante la emergencia por el coronavirus siguen en incremento desde hace más de un mes y aún no contemplan responsables. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se volvió a comprometer con ser “riguroso” con las indagaciones, teniendo en cuenta que, en Honduras una investigación de este tipo puede durar hasta cinco años.

El último fin de semana, el padre Germán Cálix, director de Cáritas de Honduras, denunció ante el diario local -El Centinela- la venta de mascarillas con precios excesivos en algunas localidades y también la práctica de algunos partidos políticos que ofrecen ayuda a cambio de apoyo.

Según dieron a conocer fuentes al medio hondureño, “esto es algo común en el país hace años, involucra a los líderes de partidos quienes se aprovechan de la necesidad de la población para que, posteriormente, les den su aprobación y puedan ser contratados en cargos públicos”.

Los obispos hondureños han reclamado transparencia en la respuesta a la pandemia y pidieron que no se regrese a la "normalidad", si eso "significa que debemos aceptar la violencia, injusticia, pobreza, corrupción, violación de las leyes y la Constitución ya que califican todo esto como el verdadero virus que nos empobrece y nos destruye como sociedad".

Actualmente, Perú y Ecuador se sitúan entre los países de América Latina más golpeados por la pandemia, y aunque Honduras no reporta tantos casos, la situación social es igual de caótica. Pese a las rigurosas medidas de protección que han impuesto sus gobernantes, estos países aún no ven la luz al final del túnel, porque el virus de la corrupción no lo permite.