México: Nueva ley energética favorece a combustibles fósiles

(AP). El Senado de México aprobó el martes una ley de energía que favorece a las centrales eléctricas estatales, que funcionan principalmente con combustibles fósiles, y relega a las plantas renovables y privadas en el orden de compra de energía.

La ley ha provocado quejas de grupos empresariales privados e inversionistas estadounidenses, algunos de los cuales financiaron las centrales más limpias de gas y de energías renovables en México. Algunos analistas creían que la norma incumpliría el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

El Senado aún debía votar algunas enmiendas, pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, parecía tener los votos para sacar la ley adelante. Ya había sido aprobada en la cámara baja del Congreso.

El resultado en el Senado, con 68 votos a favor y 58 en contra, estaba entre lo esperado dada la insistencia de López Obrador en que México debe ser autosuficiente en materia energética, después de que las tormentas invernales en Texas cortaran temporalmente el suministro de gas natural importado el mes pasado.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos indicó en febrero que los intentos de México de limitar la generación privada de electricidad incumpliría el acuerdo comercial, conocido como T-MEC por sus siglas en español.

La cámara dijo que dar prioridad en la compra de electricidad a las centrales estatales, más antiguas y contaminantes, “iría directamente en contra de los compromisos de México” en el acuerdo comercial.

El proyecto de ley reinstauraría un monopolio del gobierno, indicó en un comunicado Neil Herrington, vicepresidente de las Américas en la cámara. “Estos cambios aumentarían de forma significativa el coste de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos de México”.

“Por desgracia, esta iniciativa forma parte de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el gobierno de México que han socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país”, escribió Herrington.

La Suprema Corte de México ya falló en contra de un intento previo de López Obrador de bloquear los permisos a plantas de energías renovables. La nueva ley también podría terminar en los tribunales.

La secretaria de Interior, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la decisión de la Corte Suprema sólo afectaba a un decreto de 2020 y sugirió que el gobierno podría librar una nueva batalla judicial en torno a la ley aprobada el martes.

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El texto requiere que se compre electricidad primero a las plantas estatales hidroeléctricas, así como a las que queman carbón, diésel y fuel. Coloca las centrales privadas de gas, viento y energía solar -muchas de ellas construidas con inversión extranjera- en último lugar para la compra de energía. Los predecesores de López Obrador fomentaron la construcción de las plantas privadas para reducir las emisiones de dióxido de carbono.

El consumo de electricidad ha caído con la pandemia, de modo que la compañía eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad, ha visto bajar sus ingresos al tiempo que aumentaban sus reservas de combustible para quemar en centrales eléctricas. El contaminante fuel ha perdido clientes en todo el mundo. La compañía también se ha visto presionada para comprar carbón de mineros locales.

López Obrador firmó un decreto en 2020 para reforzar a la compañía estatal limitando los permisos para conectar otras plantas a la red, incluidas algunas instalaciones eólicas y solares que en muchos casos ya estaban construidas. El presidente afirma que los incentivos de energía limpia concedidos a esas plantas son una ventaja injusta ante la compañía estatal.

Sin embargo, el alto tribunal concluyó que muchas de las cláusulas de la orden ejecutiva de 2020 afectarían de forma injusta a la competencia en el sector. Algunas de las normas se habían paralizado antes. La propia comisión antimonopolio del país llevó el caso a la corte.

Las industria mexicanas lidian desde hace tiempo con un suministro eléctrico relativamente costoso y poco fiable. Una reforma legal en 2013 abrió camino a que empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, pudieran invertir más en el sector.