Presentan plan de reestructuración de deuda de Puerto Rico

(AP). Un plan que describe cómo Puerto Rico reestructurará al menos 35.000 millones de dólares en deuda pública y más de 50.000 millones en obligaciones de pensiones del sector público amenaza con aplicar un recorte del 10% a ciertas pensiones si no se llega a un acuerdo con los jubilados.

Una junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico, creada por el Congreso para sacar de la bancarrota al gobierno de la isla, presentó el lunes por la noche el plan de 233 páginas ante un tribunal federal.

El documento incluye la propuesta de recortar hasta 8,5% las pensiones mensuales de al menos 1.500 dólares. Ese ha sido durante mucho tiempo un punto de discordia entre la junta y el gobernador, quien ha dicho repetidamente que no aprobará tales recortes.

El presidente de la junta, David Skeel, calificó el plan como “un hito para la recuperación, la estabilidad y la prosperidad de Puerto Rico”.

“Este plan reduce sustancialmente la carga de los pagos de deuda de las generaciones futuras, estabiliza y protege las pensiones que han sido mal administradas durante tanto tiempo y ratifica los acuerdos de negociación colectiva de los trabajadores del gobierno”, agregó.

La junta señaló que en caso de que se rechace el recorte a las pensiones, volvería a su propuesta original de imponer una reducción del 10% a las jubilaciones mensuales de al menos 1.000 dólares.

El gobernador Pedro Pierluisi emitió un comunicado en el que señaló que el plan era un gran paso para ayudar en el proceso de reestructuración de la deuda.

“Puerto Rico necesita dejar atrás este proceso de quiebra para así lograr el desarrollo económico sostenible al que todos aspiramos y eliminar la incertidumbre inherente a este proceso, así como los gastos millonarios de la reestructuración que ha tenido que incurrir el gobierno”, dijo en el comunicado.

Sin embargo, Pierluisi también indicó que no apoya del todo el plan.

“Mi administración ha sido enfática en que este recorte a las pensiones no es razonable”, declaró.

El economista puertorriqueño José Caraballo dijo que el plan tenía aspectos positivos y negativos. Recomendó al gobernador negociar con la junta para proteger las pensiones de hasta 2.000 dólares y que luego imponga un recorte del 10% a cualquier monto superior.

“Hay que buscar un poco de flexibilidad”, dijo Caraballo en una entrevista telefónica.

El economista dijo apoyar el llamado del plan para crear un fideicomiso de reserva de pensiones y recalcó que las pensiones actualmente se pagan con los ingresos fiscales. También dijo estar de acuerdo en que la cantidad de dinero que recibirían los tenedores de bonos dependerá de los altibajos de los flujos de ingresos del gobierno. Sin embargo, le preocupa que a los acreedores se les pague lo que él considera una cantidad excesiva.

“Prácticamente el 30% del presupuesto de Puerto Rico se va a ir en pagar pensiones y a los bonistas”, dijo, y señaló que la legislatura de la isla podría cambiar las reglas del juego porque tendría que aprobar la emisión de nuevos bonos como se describe en el plan. “Ahí es que se puede trancar el juego”, añadió.

En última instancia, el plan también debe ser aprobado por un juez que supervisa el proceso que enfrenta Puerto Rico, similar al de la bancarrota. En caso de que eso ocurra, el plan reduciría la deuda pendiente de Puerto Rico de 35.000 a 7.400 millones de dólares, un recorte del 80%. Entre otras cosas, también reduciría los pagos totales de servicio de deuda en más de un 60%, lo que la junta aseguró que le ahorraría al gobierno casi 60.000 millones de dólares en pagos de servicio de deuda.

La junta señaló que el plan enmendado cuenta con apoyo “sustancial” de los acreedores, incluyendo aquellos que tienen bonos por más de 13.000 millones de dólares.

“Este diverso grupo de partes interesadas está de acuerdo en que es momento de seguir adelante, de sanar, de construir y de crecer esta economía”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta. “La bancarrota ha causado daños enormes al pueblo de Puerto Rico”.

El plan enmendado fue presentado casi seis años después de que la isla se declaró incapaz de pagar una deuda pública de más de 70.000 millones de dólares, una cantidad acumulada durante décadas de malas gestiones, corrupción y préstamos excesivos para conciliar presupuestos. En 2017, la isla se declaró en la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos. Ese mismo año, Puerto Rico recibió el impacto directo del huracán María, un ciclón de categoría 4 que dejó daños estimados en 100.000 millones de dólares.