La pobreza profunda que desata la migración desde Guatemala

(AP). Alvina Jerónimo Pérez se sienta por horas en el viejo y raído sillón de plástico en la sala de su casa, le avergüenza que sus vecinos la vean después de su intento fallido de migrar a Estados Unidos y vive angustiada, pensando en las deudas que aún tiene qué cubrir.

Su casa de un solo piso, de cemento y madera, se encuentra en un terreno que le heredaron sus padres, en la cima de una montaña en Tizamarte Chiquimula, en la región oriente de Guatemala. Su esposo Aníbal García construyó la humilde vivienda, y hace varios meses le agregó un nuevo cuarto en la parte de atrás. Jerónimo intentó migrar el año pasado, en parte para reunir dinero y poder pagar un préstamo que recibieron para hacer la nueva habitación.

Le parecía una apuesta segura en aquel momento. “Como la gente pasaba (la frontera), pensamos que nos iban a dejar pasar”, dijo Jerónimo, de 42 años. El traficante, o coyote, le dijo que trajera a su hija para asegurar el pase. Su viaje incluía un trabajo garantizado en los EEUU, le aseguró, con lo cual podría pagar todas las deudas que generaba su partida.

Así que puso la casa como garantía para pagarle al traficante 7.700 dólares. “El trato era que cuando llegáramos a EEUU, íbamos a pagar ese dinero y nos devolverían la escritura”, dijo Jerónimo. “Pero no se pudo”.

En marzo de 2020, la mujer y su hija Yessenia, de entonces 14 años, dejaron Tizamarte con un coyote.

Tres semanas después fueron detenidas entrando a los Estados Unidos, en Texas, y una semana después fueron deportadas a Guatemala. Cuando Jerónimo se dio cuenta de que serían enviadas de vuelta a su país, lloró. “Pensaba en todo lo que me había costado hacer el viaje. Me preguntaba ‘¿qué voy a hacer? Ya perdí todo’”.

De regreso en Tizamarte, una comunidad maya chortí, su único refugio es su casa, que ahora está en riesgo de perder. No quiere ver al vecino que le ayudó a organizar el viaje con el coyote. Cambió el chip de su celular para evitar las llamadas telefónicas acosadoras de la persona que le prestó el dinero para viajar y que ahora exige el pago o su casa.

Esta historia fue financiada por The International Women’s Media Foundation

La historia de Jerónimo es similar a la de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que luchan por reunir el dinero necesario para emigrar a Estados Unidos. A menudo proviene de familiares que ya viven en el norte o de redes de prestamistas. A veces, los migrantes también deben vender sus posesiones, incluidas sus casas, o como Jerónimo, entregar las escrituras a alguien como garantía. A todos los migrantes les impulsa la posibilidad de romper el ciclo de pobreza que afecta a más del 60% de la población del país.

La pandemia de COVID-19 pareció frenar inicialmente la migración a Estados Unidos, pero en abril de 2020 la cantidad de migrantes que llegaron a la frontera de ese país con México comenzó a incrementarse. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó que sólo en abril de 2021 se reportaron más de 30.000 encuentros con migrantes guatemaltecos en la frontera suroeste.

En un intento de mostrar la importancia que presta al fenómeno, el presidente estadounidense Joe Biden designó este año a la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de encontrar soluciones a las causas de la migración.

Harris visitará Guatemala el lunes, aunque desde hace semanas comenzó a sostener reuniones virtuales y en persona con funcionarios, grupos no gubernamentales y empresarios sobre los temas a tratar, incluidos la pobreza, la corrupción, la violencia y el cambio climático. La vicepresidenta también ha expresado interés en grupos que históricamente han enfrentado discriminación como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades LGBTQI.

La administración Biden teme que un posible incremento de migrantes, especialmente niños y familias en su frontera sur, distraiga la atención de sus metas en política nacional, incluso cuando trata de presentar un rostro más compasivo que su predecesor.

Jerónimo es una de los más de 228.000 guatemaltecos deportados por Estados Unidos desde 2015. Para muchos de ellos, el sueño americano se frustró. Volvieron a casa con el estigma del fracaso y deudas enormes que son impagables en un país donde el salario mínimo, para quienes tiene la suerte de tener trabajo, es de alrededor de 11 dólares por día.

Jerónimo no ve otra salida más que intentar irse otra vez.

En la casa de Jerónimo hay un viejo y oxidado refrigerador blanco. Para no gastar en electricidad, lo conecta ocasionalmente, cuando necesita mantener frío algo, pero la mayoría del tiempo sólo es un mueble que sostiene el viejo televisor del hogar.

En los meses secos de invierno su casa, con varias grietas en las paredes y techo de lámina, es oscura y fría. En temporada de lluvias, hace calor y sofoca. Su hogar está junto al camino de tierra en la entrada de Tizamarte, donde viven 110 familias, unas 700 personas.

A cinco horas en automóvil de la capital de Guatemala, Tizamarte está en el llamado “corredor seco”, una franja de tierra que se extiende desde el sur de México hasta Panamá, donde el cambio climático ha provocado una serie interminable de sequías y tormentas tropicales devastadoras para las comunidades más pobres.

Tizamarte es una comunidad en donde la gente practica la agricultura de subsistencia para alimentar a sus familias y trabajan en la cosecha del café para conseguir efectivo que les permita pagar gastos escolares y medicinas. Además, cada familia tiene por lo menos a algún familiar que migró a EEUU.

En Chiquimula, el departamento donde se localiza Tizamarte, sólo se produce café para exportación y su producción representa el 10% de todas las ventas del grano de Guatemala al exterior, según la Asociación Nacional de Café (Anacafé).

Durante la cosecha de café, de noviembre a febrero, los campos se tiñen de verde y de puntos rojos del fruto. El pueblo cobra vida con el flujo, modesto, de efectivo. Cada trabajador recibe casi 8 dólares por quintal de café cortado y al día llenan entre uno y dos quintales.

Jerónimo y su esposo se encuentran entre los pocos que tienen otras pequeñas fuentes de ingresos.

En la época de la cosecha, la familia de la mujer vende a los jornaleros pollo y papas fritas, cocinadas en una vieja estufa naranja, por menos de 2 dólares. La mayoría pagan en billetes de 100 quetzales, una parte del salario recibido. Jerónimo también tiene una pequeña tienda de comestibles en un cuarto de su casa.

Jerónimo no recolecta, ni tiene tierra para cultivar café. Su esposo cultiva maíz y frijol para su propio consumo en una pequeña parcela que alquilan. Por lo general, se las arreglan con dos comidas al día, regularmente tortillas de maíz, frijoles y café.

En Tizamarte, la mayoría de las casas tienen electricidad, pero el agua corriente es escasa. En toda la comunidad hay cinco chorros públicos donde mujeres y niños hacen fila para llenar vasijas del líquido.

El año pasado, mientras gran parte del mundo se cubría con mascarillas y aprendía sobre el distanciamiento social por la pandemia, la vida siguió como de costumbre en Tizamarte. Hubo pocos casos confirmados en comunidades cercanas, pero ninguno en Tizamarte, y Jerónimo no usó una mascarilla sino hasta que estuvo bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Guatemala tiene servicios básicos de salud limitados, especialmente en comunidades rurales como Tizamarte y ha tenido problemas para obtener la vacuna contra COVID-19.

En Camotán, el municipio del que es parte Tizamarte, poco más de 130 de sus casi 61.000 pobladores habían sido inmunizados a fines de mayo. Aun así, aquí sólo se han registrado 151 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según registros del Ministerio de Salud.

La enfermera Gloria Amador Morales realiza controles de salud en Tizamarte y en otras tres comunidades que están bajo su cuidado. En el polvoriento y despintado centro comunitario donde atiende a los pacientes no hay agua corriente.

La enfermera, de 40 años, vacuna y mide a los bebés y detecta los efectos de la desnutrición con un ojo entrenado. Durante el año pasado, ha sido prácticamente la única persona que se ha puesto una mascarilla protectora contra la pandemia.

“Aquí al menos un miembro de cada familia está o ha intentado estar en Estados Unidos”, dijo la enfermera.

Adán Rivera, un campesino de 40 años, explicó que cuando se acaba la cosecha de café ya no hay trabajo y la gente prefiere irse.

“A quién se le dé la oportunidad que se vaya, migrar no es fácil va peligrando uno, pero hay necesidad”, dijo Rivera, quien en la siembra pasada llevó a sus tres hijos pequeños para cosechar café, porque juntos podían llenar hasta tres grandes sacos en un día y obtener hasta 24 dólares.

Jonathan Menkos, economista y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dice que para entender la migración forzada hay que entender también las condiciones de pobreza en las que viven la gente. La falta de empleo, de servicios públicos básicos y la corrupción se combinan para crear migrantes económicos. Incluso para quienes trabajan, sus ingresos mensuales promedio son menores que el costo de la canasta de productos básicos.

Guatemala sobrevive de las remesas enviadas a casa por esos migrantes. El año pasado, el dinero enviado por migrantes a sus familias representó más del 14% del producto interno bruto del país.

“Es una triste paradoja, porque esos expulsados (los migrantes)... para proteger a sus familias envían dinero que dinamiza la economía y hacen que ese modelo continúe expulsando a más gente”, dijo.

Fue en marzo de 2020, cuando la pandemia recién comenzaba en Guatemala, que Jerónimo decidió emigrar.

Jerónimo y su hija Yessenia se fueron temprano una mañana. Ella no dice exactamente cómo, ni quién es el coyote. Llevaba una muda de ropa en una pequeña mochila y 500 quetzales (unos 65 dólares). Era la primera vez que Jerónimo viajaba fuera del departamento de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras.

Durante tres semanas, madre e hija caminaron, viajaron en autobuses y vehículos particulares. Jerónimo dice que no recuerda los detalles de su ruta y se limita a decir que le preocupaba su hija y que pudieran hacerle algo.

Dice que en la frontera norte mexicana pasaron días encerrados con otros migrantes dentro de una casa de seguridad antes de cruzar a Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza los detuvo apenas cruzaron. Las mantuvo juntas durante siete días y luego las puso en un avión de regreso a Guatemala en abril de 2020.

No se les hizo la prueba de COVID-19 ni en Estados Unidos, ni en Guatemala. Cuando su vuelo aterrizó en la ciudad de Guatemala, fue la primera vez que Jerónimo pisaba la capital de su país.

La administración de Trump fue duramente criticada por esos vuelos de deportación durante la pandemia.

El ministro de Salud de Guatemala dijo en abril de 2020 que los deportados desde Estados Unidos habían provocado un aumento en el número de casos de COVID-19 en el país centroamericano.

Jerónimo llegó a su país sin un centavo. Tuvo que pedirle a un familiar en los Estados Unidos que le transfiriera 50 dólares para comprar boletos de autobús de regreso a Tizamarte.

Jerónimo no era la primera de su familia en intentar irse de Guatemala.

Su yerno, Santiago de León, se fue en diciembre de 2018 con su hijo Wilman de 5 años. Ellos lo lograron. Pero cuando De León encontró trabajo, no tenía forma de llevarse a su hijo y tenía que dejarlo encerrado en un departamento todo el día.

“No había nadie que lo cuidara, a veces él mismo se preparaba comida. Cuando llegaba el papá a veces era tan tarde que ya lo encontraba durmiendo”, dice Hilda García Jerónimo, hija de Alvina y madre del niño. Ella le pidió a De León que enviara de vuelta a Guatemala a su hijo.

Ocho meses después de su llegada, De León envió al niño de regreso con su madre en un vuelo comercial, con un amigo que tenía visa.

De León envía a su esposa 125 dólares cada mes para mantener a sus tres hijos.

Juan de León, de 16 años, hermano de Santiago, decidió irse solo a Estados Unidos en abril de 2019. Tránsito Gutiérrez, la madre de Juan, dijo que su hijo se fue porque quería ayudar a la familia, que a veces no tenía nada para comer.

“Juanito” llegó a Texas, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza. Mientras estuvo bajo su custodia se enfermó y fue hospitalizado en Corpus Christi. Ahí murió. Las autoridades guatemaltecas dijeron que el jovencito murió de una infección cerebral. Su cuerpo fue enviado de regreso a Guatemala y enterrado en Tizamarte.

Casi un año después fue cuando Jerónimo decidió que tenía que irse.

Jerónimo vive con Aníbal García desde que eran adolescentes. Tienen tres hijos, dos de los cuales, Yessenia y su hermano de 20 años, viven con ellos.

“La casa es de ella, el terreno es de ella”, dijo García. “Lo construí, pero no hay nada a mi nombre. Entonces ella decidió que se iba”.

En marzo pasado, Jerónimo volvió a pensar en irse de Guatemala. El riesgo de perder su casa está latente y con el fin de la cosecha de café volvió a cerrar su negocio de pollo y papas fritas.

“Si pudiera, iría”, dijo Jerónimo.

Lo ganado con el negocio del pollo en los últimos meses le permitió a Jerónimo abonar 650 dólares al primer préstamo que hizo para la construcción del cuarto adicional de la casa y que la empujó originalmente a migrar. Pero todavía tiene pendiente otro pago, además de los 7,700 dólares por su fallido intento de migrar.

En los últimos años, los paquetes de los contrabandistas incluyen tres intentos de cruzar la frontera de EEUU, un reconocimiento de que es una gran inversión que no siempre da resultado. A veces los migrantes contratan directamente a un traficante, al coyote, pero en el caso de Jerónimo hubo un intermediario.

Jerónimo pensó que también obtendría al menos dos intentos más, pero el intermediario que coordinó el coyote aparentemente se embolsó un tercio de su pago, por lo que el contrabandista se negó a llevarla de nuevo. Ese intermediario vive a 100 metros de la casa de ella.

Esa persona, conocida localmente como el “jalador”, ayuda a reclutar migrantes para el traficante. También fue él quien gestionó que otro migrante que vive en EEUU, y que antes vivía en una comunidad vecina, le prestara los 7,700 dólares a Jerónimo.

Quien le prestó el dinero, o incluso alguno de sus familiares, le llamaba y enviaba mensajes de texto de vez en cuando, preguntando cuándo le pagará. El primer plazo que tenía se cumplió en octubre, pero Jerónimo pidió más tiempo. Las amenazas de apoderarse de su casa se hicieron tan frecuentes que decidió cambiar el chip de su teléfono.

Jerónimo no es la única que vive angustiada ante la posibilidad de perder su casa.

Yessenia dice que conoce los riesgos que podría enfrentar si intentara migrar sola, pero está dispuesta a hacerlo.

“Perder la casa y quedarme sin nada me asusta más”, comentó.

Yessenia lleva dos años sin estudiar porque, incluso antes de la pandemia, sus padres no podían pagar una escuela. De niña soñaba con ser policía y aunque ahora aún espera volver a estudiar, el tema de la casa ensombrece todo.

“Lo que quiero es que se salve la casa y que ya no esté la escritura en manos de otro, sino en manos de nosotras”, dijo. “Con tal de ayudar a mi mamá me voy”.

Los padres de Yessenia no están de acuerdo. Y Jerónimo dice que si encuentra una manera ella es la que volverá a irse, aunque signifique tener más deudas.

“Eso es lo que te desespera lo suficiente como para emigrar”, dice Jerónimo. “Es pura necesidad”.