Critican al gobierno de México por acusar a académicos

(AP). México tiene tantos narcotraficantes con los cuales lidiar que los críticos se preguntaban el miércoles por qué el gobierno ha buscado encarcelar a 31 académicos, profesores y científicos en la principal prisión de máxima seguridad del país.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los profesores universitarios de violar una ley que prohíbe a los miembros de un consejo asesor recibir dinero de un fondo del gobierno para la ciencia.

Pero esa ley fue aprobada en 2019, y los científicos recibieron los 2,5 millones de dólares antes, cuando era legal. El dinero tenía como fin promover discusiones científicas, y aquellos involucrados han negado que los fondos fueran ilegales o se utilizaran de forma indebida.

Un juez en la prisión del Altiplano rechazó el miércoles la solicitud de los fiscales de emitir órdenes de arresto contra los académicos. Pero todo el episodio dio peso a las acusaciones de que el gobierno de López Obrador ha tratado de politizar la vida académica en México.

Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los cargos eran “un despropósito” y “algo inconcebible”.

No ayuda el hecho de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, decidió presentar los cargos más graves posibles —como lavado de dinero, crimen organizado y malversación— contra personas que no tienen antecedentes criminales y que son respetados en sus profesiones, y trató de enviarlos a la prisión más temida del país, que normalmente es utilizada para los capos del narcotráfico.

Hay espacio disponible en la prisión del Altiplano debido a la política de López Obrador de ya no perseguir a los líderes narcotraficantes. Que los académicos deban estar allí es otra cuestión.

La fiscalía los acusa de haber creado una organización sin fines de lucro para gastar el dinero.

La oficina de Gertz Manero defendió los cargos el miércoles, señalando que los académicos “utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.

La Fiscalía General de la República aseguró que volverían a presentar los cargos.

Pero tampoco ayuda que la actual directora del consejo científico del gobierno, María Álvarez-Buylla, defendió hace unos meses el hecho de que se le otorgara a Gertz Manero un lugar entre los investigadores más prestigiosos del país, pese a que fue acusado de plagio en una tesis biográfica de hace décadas. Gertz Manero dijo que citó adecuadamente sus fuentes en la bibliografía.

Pero eso no es lo único que Álvarez-Buylla ha hecho para causar enfado entre los académicos durante su periodo al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ha criticado a algunos investigadores por presentar reportes en inglés, a pesar de que es el idioma común en algunos campos técnicos, y ha dicho que deberían hablar en español. Critica la “ciencia occidental” y la “tecno-ciencia” que ha estado “mercantilizando el conocimiento”, y ha pedido “procesos colectivos de generación de conocimiento” más apegados al progreso social.

“La ciencia occidental es la que ha producido los avances más deslumbrantes y, quizás, más inútiles, como la llegada a la Luna”, manifestó Álvarez-Buylla en 2020.

Una petición publicada en el sitio Change.org que ha reunido más de 12.000 firmas señala que “el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt”.

El miércoles, López Obrador señaló que los académicos no tenían nada que temer, pese a la temible reputación de la prisión y al hecho de que algunas personas esperan años en la cárcel para que concluyan sus juicios.

“Se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt”, dijo el mandatario. “Sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, añadió.

De hecho, un juez falló el miércoles que los fiscales no habían mostrado pruebas de que las acciones de los académicos puedan considerarse como delitos.