La Cámara Baja aprueba el «impeachment» contra Piñera

A menos de dos semanas de que se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Sebastián Piñera en la Presidencia de Chile, la Cámara de Diputados aprobó este martes iniciar una Acusación Constitucional que busca su destitución antes de que culmine su mandato en marzo.

A Piñera se le acusa de supuestas irregularidades en la venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, según revelaciones de los Papeles de Pandora. La decisión parlamentaria se logró tras una maratónica jornada de casi 22 horas de debate que finalmente terminaron en el voto de 78 diputados a favor, 67 en contra y tres abstenciones.

La discusión impulsada por la izquierda fue protagonizada por el diputado socialista Jaime Naranjo, quien leyó durante 15 horas 1.300 páginas de argumentación. «Actuando como presidente se benefició [a él] y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga», sostuvo el parlamentario sobre la operación realizada en 2010, cuando el mandatario asumía su primer Gobierno, que terminó en 2014.

El larguísimo discurso de Naranjo no fue solo para desentrañar la acusación contra Piñera, sino para dar tiempo a que su colega Giorgio Jacson terminara su cuarentena por covid-19 a la medianoche del lunes y pudiera votar. La oposición necesitaba 78 apoyos para que la acusación constitucional continuara su trámite. Naranjo ya lo había anunciado en su cuenta de Twitter, e incluso leyó por completo el contenido de la acusación constitucional contra Piñera «para que nadie pueda decir que no conocía los datos».

La defensa del presidente Piñera también sacaba cuenta de las horas. Por ello no invocó la cuestión previa, con la cual reprochaban que la acusación no cumple con la norma vigente. La dejaron paralizada para no extender la jornada y evitar que llegara el voto de Jackson. La estrategia no funcionó.

Sin poder salir del país

Previamente, la defensa había calificado la acusación como una «maniobra política mañosa y con claros fines electorales» que «toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas de nuestro ordenamiento jurídico». Señaló asimismo que, «en forma mañosa, el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno».

Los abogados de Piñera también recordaron que una investigación penal de la época desestimó cargos imputados al mandatario por el mismo caso.

Ahora queda en manos del Senado de la República la discusión de la destitución del presidente la semana que viene. La oposición necesita dos tercios de la Cámara Alta, un escenario poco probable. Hasta entonces, Piñera tiene prohibida la salida del país sin permiso expreso del Congreso.