Los condenados con más pena por los ERE esquivan la cárcel

«Aliviados» y «tranquilos». Así confesaron a LA RAZÓN que se sentían dos de los cuatro condenados en la pieza política del «caso ERE» tras saber que no acabarían la semana con olor a cárcel. La Audiencia Provincial de Sevilla decidió ayer mantener en libertad a los ex consejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández y a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, como pidió la Fiscalía Anticorrupción, a la que se sumó la acusación popular ejercitada por el PP. Ambos fundamentaron su demanda, en esencia, en que entendían que tras el fallo de la rama política se había incrementado el riesgo de fuga y en que los ex altos cargos están encausados en otros bloques del «macroproceso».

En relación al primer motivo, el tribunal expone en un auto que ese peligro de huida «ha de inferirse racionalmente de la naturaleza del hecho, gravedad de la pena, situación familiar, laboral y económica y de la inminencia de la celebración del juicio oral». Y añade que «el riesgo de fuga derivado de las penas impuestas» en la sentencia que les señala junto a otros 15 ex altos cargos del Gobierno regional, «carece de solidez» precisamente «desde el momento que existen en el proceso otros acusados, condenados a idénticas o similares penas, respecto de los cuales no se solicita la prisión». «Lo que significa», se cose en la resolución judicial, «que las acusaciones no aprecian este riesgo de fuga por razón de la pena impuesta».

En cuanto al segundo motivo esgrimido, las otras causas pendientes, la Audiencia sostiene que le «resulta difícil» poder valorarlas como amenaza de evasión, porque para hacerlo tendría que tener en cuenta, no sólo su mera existencia, «sino los indicios racionales existentes en las mismas contra los encausados». Una circunstancia que el tribunal asevera que no puede hacer «con la documentación aportada». Lo que sí dictamina es que se mantengan las medidas cautelares a Guerrero y a Fernández, además de imponérselas a Viera y a Márquez, quienes tendrán que acudir al juzgado a firmar y no podrán abandonar el territorio español, por lo que deberán entregar sus pasaportes.