Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz que fue asesinado en febrero de 2018 en Níjar (Almería), solicitó ayer que se active una pulsera de control para D. M. F. A., el hombre condenado por acosarla y que llegó a estar detenido durante la búsqueda del menor, ante su salida de prisión el 24 de diciembre, tras haberle sido concedido un permiso por Navidad de tres días, según detalló la afectada.

“Creo que debe de salir controlado y con las medidas de evaluación necesarias” añadió antes de insistir en los “dos años” en los que vivió “una situación de miedo difícil de sobrellevar y que se podría volver a reproducir”.

Ramírez explicó que al no haber tenido una relación sentimental con él, no le corresponden medidas de protección derivadas de la Ley de Violencia de Género “a pesar de tener ya cinco condenas en firme”. “La pulsera fue concedida durante un año”, insistió la perjudicada, pero aún “le restarían por cumplir ocho meses”.

Ramírez expresó su deseo de que se modifique la ley para que tanto ella como otras mujeres puedan estar seguras. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señaló ayer el 29 de enero la vista de apelación de la sentencia contra Ana Julia Quezada.