Piden al Gobierno de Sánchez una “regularización extraordinaria” de los temporeros inmigrantes de Huelva

En su caso es más difícil que en otros encontrar válvulas de escape frente al coronavirus, pero quieren mirar hacia adelante. El Colectivo de Trabajadores Africanos ha enviado una carta al Ministerio del Interior, al de Agricultura y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que pide que se inicie “un procedimiento de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros en la provincia de Huelva”.

En la misiva, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se explica que “durante los meses de marzo a junio”, la comarca fresera onubense “produce en torno a 300.000 toneladas” de ese fruto, lo que representa “el 95% de la producción española”, destinada “en un 70%” a la exportación a Europa. Durante ese periodo de recolección “se necesitan más de 80.000 trabajadores agrícolas” y buena parte de ellos se cubre gracias a “mujeres marroquíes contratadas en origen que se desplazan hasta Huelva”. Trasladan a Madrid que el año pasado “llegaron 14.500 jornaleras” procedentes de ese país, pero ahora, “debido al cierre de fronteras decretado por la crisis sanitaria”, casi “10.000” no alcanzarán Andalucía.

Otra bolsa de la que se extrae mano de obra extranjera para el fruto rojo la integran los inmigrantes que “habitan en los asentamientos chabolistas que proliferan en los pueblos freseros” de ese territorio. Se calcula que en ellos sobreviven durante la campaña “entre 4.000 y 5.000 jornaleros” y lo hacen “sin agua ni suministros básicos, a la espera diaria del jornal”.

Esos puntos, poblados de “infraviviendas” o “chabolas” están siempre en la frontera entre el caos y el control. En la carta recuerdan, de hecho, la reciente visita de Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien llegó a aseverar que esas personas “viven como animales” y que “sus condiciones” podían competir con “las peores” que había visto por el mundo.

El Colectivo de Trabajadores Africanos anota que se estima que “casi la mitad de los que habitan en los asentamientos lo hacen con una situación irregular”. Por eso demanda que se regularice su “situación administrativa” para que puedan cubrir “la necesidad de los empresarios agrícolas de obtener mano de obra para la campaña de recolección”. Propone que se haga a raíz de la declaración de alarma fijada por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Y matiza que “la concesión de los permisos de residencia y trabajo debe hacerse a través de la contratación laboral prevista en el artículo 36.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 67 de Real Decreto 557/2011, de 20 de abril”.

La entidad añade que esa regularización evitaría que “los empresarios se vieran abocados a la contratación de mano de obra irregular y la consecuente merma que esto supondría para la Tesorería General de la Seguridad Social en un momento donde la crisis sanitaria conllevará un duro impacto económico en el erario público”. Sin tiempo que perder, urgen a tomar cartas en el asunto al Gobierno que comanda el socialista Pedro Sánchez.