Andalucía presiona para que el Gobierno amplíe los ERTE hasta final de año

Antes de la crisis sanitaria Andalucía lideraba la creación de empleo en España. Después de la pandemia del coronavirus, la comunidad tiene una previsión de caída del producto interior bruto (PIB) por encima del 10% y de subida de la tasa del paro hasta el 30%. Ante este panorama, la Junta ha reclamado este martes al Gobierno central que mantenga la vigencia de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta final de año y evitar así un descalabro más profundo.

“Exigimos que los ERTE se prorroguen hasta final de año, tres meses más de lo que tiene previsto el Gobierno, porque así se conseguirá que el ERTE no se convierta en ERE y el ERE en concurso de acreedores”, ha argumentado el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo. “La prórroga de los ERTE tienen que llegar al menos hasta final de año -ha insistido-. Si dejamos caer el empleo en septiembre, esas empresas lo tendrán muy difícil” para continuar con su actividad. Para la consejera de Empleo, Rocío Blanco, “sería un error tremendo” no extender los expedientes de regulación temporal de empleo temporales, a los que se han acogido casi 700.000 personas -medio millón de ellas de empresas radicadas en la comunidad-.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha presentado el Plan Aire, un programa de empleo que permitirá a los ayuntamientos contratar a 19.000 personas por un período de entre seis y ocho meses, con especial atención a trabajadores afectados por la covid y a los municipios con menos de tres mil habitantes para contribuir a fijar la población. En total, se destinará una partida de 165 millones -el 75% procedente de fondos europeos- que el PSOE ha considerado insuficiente por suponer un “recorte” respecto a los aprobados en los tres años previos. En este sentido, la consejera de Empleo ha explicado que el presupuesto se ha visto afectado por “los 201 millones que se nos han sustraído en políticas activas de empleo” por parte del Gobierno de España. Según ha detallado Blanco, los primeros contratos podrán hacerse en septiembre a partir de la selección de candidatos que haga el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre sus inscritos. Por último, ha reclamado al Gobierno “un plan de empleo extraordinario para afrontar esta situación”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también un plan de inversiones en obras hidráulicas, con una inversión de 430 millones hasta 2027. También ha anunciado un plan de medidas urgentes para la pesca por 85 millones de euros para recuperar y consolidar los más de 20.000 empleos que generaban antes de la crisis sanitaria.

Sin "tropezones” en la desescalada

El portavoz de la Junta ha vuelto a mostrarse muy crítico con el reparto del fondo extra de 16.000 millones a las comunidades autónomas. Sus cálculos determinan que Andalucía recibirá 800 millones menos de lo que le correspondería en función de su población y que dejará la aportación estatal en cerca de 2.100 millones. “Alguien tiene que explicar por qué Cataluña vaya a recibir mil millones de euros más que Andalucía con un millón de personas menos viviendo allí”, ha dicho Bendodo, quien ha asegurado que “no descartamos ninguna vía” para reclamar al Gobierno una rectificación en la distribución de los fondos. “Todavía está a tiempo de rectificar”, ha dicho, pese a haber sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Ante el fin del estado de alarma el próximo lunes, el portavoz ha señalado que los “ejes básicos” para el fin de las restricciones de la movilidad debe ser “prudencia y responsabilidad”. “No hay prisa”, ha remarcado en referencia al inicio de los viajes nacionales e internacionales que serán posibles en menos de una semana. “Si hay un rebrote el sistema sanitario está preparado, ahora o en otoño”, según Bendodo, que ha advertido de que, por contra, “la economía andaluza no estaría preparada para un segundo confinamiento”. “Los tropezones vienen al final de las desescaladas y ese lujo no nos lo podemos permitir”, ha remarcado.

El fin del estado de alarma deja en manos de los ayuntamientos la decisión de organizar grandes eventos como romerías o ferias, ante lo que la Junta ha “recomendado” que se pospongan a septiembre.