Cuestiones como si se desinfectarán los baños cada vez que vaya un niño, cómo se organizarán las entradas y salidas o el respeto a la distancia entre alumnos en las clases preocupan a la comunidad educativa. Las medidas de seguridad y sanitarias que la Junta quiere implantar en colegios e institutos para el próximo curso escolar no acaban de convencer por las dudas que genera su aplicación a partir de septiembre. Por ese motivo, la Mesa Sectorial extraordinaria convocada ayer por la Consejería de Educación –habrá otra a finales de agosto– sentó virtualmente a la viceconsejera, María del Carmen del Castillo, con los cinco sindicatos con representación. A su conclusión, las partes seguían alejadas. Mientras la Junta aduce que ha comunicado las decisiones adoptadas los representantes de los trabajadores mantienen que no existe diálogo y solo se les informa a posteriori. Antes, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, explicó que se está «trabajando en un documento que responda a todas las dudas que puedan existir» y que se enviará esta semana a las direcciones de los centros. «Se va a intentar que sea más entendible, indicó, manteniendo que «si todo sigue igual», la incorporación a las áulas «será presencial».

Precisamente la autonomía concedida a la dirección de cada centro para implantar esas normas es lo que provoca la mayor incertidumbre. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Diego Molina, criticó ayer que «nos convocan no para negociar, no para llegar a acuerdos que posibiliten un inicio de curso seguro con medidas que convenzan a padres madres, profesorado y alumnado», sino «todo lo contrario». Según Molina, la cita sirvió únicamente «para informarnos de unos hechos consumados, de unas medidas ‘low cost’, insustanciales e irresponsables», que a su entender «cargan sobre los equipos directivos y el profesorado toda responsabilidad».

La viceconsejera se comprometió a elaborar «un documento clarificador de todas las medidas de salud». Según Castillo, se explicaron los criterios para la determinación de los llamados «coordinadores covid» en los colegios e institutos, cuántos serán los docentes de refuerzo y en qué situación se encuentra la adquisición de los dispositivos tecnológicos para garantizar la enseñanza «on line». También se estaría coordinando con la Consejería de Salud y Familias para que a principios de septiembre se realicen los test del coronavirus a todo el personal educativo y enviar a los centros material de protección.

El sindicato CSIF reclamó una «negociación real» y que se aporten «todos los recursos necesarios para una asistencia a clase segura», al considerar que las instrucciones actuales «atribuyen un exceso de responsabilidad a los equipos directivos». Desde Ustea lamentaron que «se pretenda hacer creer que se están poniendo todos los recursos para una vuelta segura a las aulas mientras que, en realidad, se siguen cerrando unidades con una ratio por encima de la máxima permitida».