Fraude en la formación: el juez ordena investigar si las empresas se crearon para recibir ayudas sin dar los cursos y las exoneraciones

El caso de las ayudas de formación vuelve a tomar cuerpo. El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en un auto fechado el 31 de julio, al que accedió LA RAZÓN, ordena una serie de diligencias, en consonancia con lo que ordenó la Audiencia de Sevilla tras desestimar el sobreseimiento del caso. En concreto, se insta a la Unidad Central Operativa (UCO) un informe de inteligencia policial para analizar los expedientes de subvenciones para la formación entre los años 2009 y 2012, todos bajo ejucutivos del PSOE. La causa fue reabierta hace un año tras estimarse parcialmente el recurso del PP, como acusación popular, después del archivo de jueza María Núñez Bolaños. Se trata de casi 3.000 millones de euros en entredicho.

El auto señala que “se siguen las presentes Diligencias Previas” por “la presunta perpetración de delitos de prevaricación administravia, malversación y falsedad documental”. “Tales hechos delictivos estarían vinculados con la presunta ilicitud del sistema y la gestión general de las subvenciones públicas destinadas a formación profesional y para el empleo llevada a cabo por los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tanto a nivel de órganos centrales como periféricos; ilicitud causalmente conectada con la existencia de existía una situación de falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas y entidades beneficiarias de aquéllas con el consiguiente menoscabo del interés y de los correspondientes fondos públicos”, señala el auto consultado por LA RAZÓN.

“En síntesis”, el objeto del procedimiento “viene constituido por las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo por el SAE en el periodo 2009 a 2012; de modo que se habría generado una situación de hecho caracterizada por un descontrol generalizado de tales subvenciones, conocida y tolerada por las autoridades y funcionarios públicos investigados”.

La presunta trama “en seguimiento de un plan determinado” se llevaría a cabo a través de dos actuaciones fundamentales. Uno, “el libramiento de certificados de finalidad, que liberaba el último pago de la subvención, y que se habrían emitido de manera generalizada sin un verdadero control de la actividad por los órganos gestores y que, dado el sistema de control contable, camuflaba ante la Intervención el incumplimiento de los requisitos de la subvención, sorteando el control que establece el artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía. Dos, “a través de la preparación y dictado de resoluciones de exoneración o exceptuación, a través de las cuales se habría de posibilitar que se eludiese de manera generalizada la prohibición de pago de una subvención al beneficiario que no hubiera justificado en tiempo y forma subvención anterior con cargo al mismo programa presupuestario”.

El nuevo auto “en particular” acuerda “librar oficio a la Unidad Central Operativa (U.C.O.- Grupo de Delincuencia Económica) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil a fin de que continúe con la práctica de diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos y, en particular, para que lleve a cabo el cotejo y análisis de los expedientes que, en su día fueron precintados, y que ahora obran en autos digitalizados según la relación que de tales expedientes obraba ya en las actuaciones”.

Esta indagación de la UCO “deberá llevarse a cabo en colaboración con los dos peritos, Interventor de la Junta de Andalucía y otro de la Intervención General del Estado, ya designados, quienes deberán emitir Informe sobre las posibles irregularidades detectadas”.

En concreto, se investiga:

• “Si entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales;
• “si las entidades inscritas en el en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían efectiva actividad o se constituyeron ad hoc para proceder a su inmediata inscripción.;
• “si existen empresas o entidades a las que se les ha concedido subvenciones estando pendientes de justificar anteriores no estando comprendidas en resolución de exceptuación alguna;
• “si, en su caso, la correspondiente resolución de exoneración y la de concesión se habrían expedido o emitido simultáneamente, o la segunda con posterioridad a la primera”.

El juez, asimismo, investiga, entre otras cuestiones, “cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016 que se dice en referido Informe de 25 de abril de 2016, ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados en dicho Informe” o la “cifra y relación, actualizada al día de la fecha, de expedientes sobre los cuales, por haber haber prescrito el derecho de la Administración a reclamar las cantidades no justificadas, no se llegó a iniciar o incoar expediente de reintegro”. Un punto de especial interés es el “informe sobre las personas o entidades beneficiarias de subvenciones en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, ejercicios 2009-2012, a las que le hayan sido concedidas aquéllas estando pendientes de justificar otras anteriores y respecto de las que no se haya concedido exceptuación de justificación”.