La Junta de Andalucía ha reducido en 582 millones, un 31%, los libramientos sin justificar en un año

Vox preguntó al consejero de Hacienda, Juan Bravo, por «la responsabilidad por el dinero perdido de los andaluces» y el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) recoge como respuesta que el Gobierno de PP y Cs «está implementando mejoras en la gestión de los ingresos de derecho público no tributarios». La Consejería detalla que «se trabaja esencialmente en reintegros de subvenciones y procedimientos sancionadores, coordinando diferentes líneas de actuación en las que participan todos los órganos gestores de ingresos de las Consejerías, agencias y demás entes del sector público, así como la Agencia Tributaria de Andalucía». «Mediante la monitorización de los importes pendientes, remisión de informes periódicos y reuniones de seguimiento con los órganos gestores responsables se ha conseguido reducir estos importes en el presente ejercicio», continúa. «Al inicio de 2019, el importe pendiente de justificación fuera de plazo en la Junta era de 1.867 millones de euros. A 31 de diciembre el importe es de 1.285 millones, habiéndose reducido 582 millones, lo que supone una disminución del 31%», recoge el BOPA.

Pese a ello, «el mantenimiento durante décadas del elevado montante acumulado de libramientos pendientes de justificar y la antigüedad de los saldos, así como los riesgos de prescripción de los posibles reintegros, ha generado una situación extraordinaria que perjudica el normal desarrollo de las políticas públicas y dificulta la detección de posibles irregularidades en la gestión y uso de fondos públicos», continúa. Como ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas, es preciso «mejorar los procedimientos para el control y la gestión de los mismos». La Consejería aboga por «una cultura corporativa de la justificación y el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la actividad subvencional, con la participación de los órganos gestores, las entidades colaboradoras, los órganos responsables de los ingresos y los órganos de control, incluso de los propias personas o entidades beneficiarias».

La Junta admite que «la regulación hasta la fecha se ha mostrado insuficiente para dar una respuesta eficaz, en primer lugar, al cumplimiento de la legalidad, y, en consecuencia, a las continuas observaciones y recomendaciones de la Cámara de Cuentas y a las resoluciones del Parlamento de Andalucía», referidas estas «al bloqueo del normal desarrollo de las políticas», ya que «cualquier parálisis de un expediente en una de sus etapas» de control y comprobación «determina su permanencia sine die en el saldo de libramientos pendientes» o hace «peligrar los reintegros oportunos».

Sobre la comprobación de las subvenciones, apunta la Consejería que «ha de reconocerse que la regulación legal ha resultado escasa». Solo a partir de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para Andalucía, con la modificación del artículo 124 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se ha' establecido un plazo para que el órgano concedente deba efectuar la comprobación formal de la documentación justificativa, expone.

Tampoco se ha previsto «la devolución espontánea» y voluntaria «cuando (los fondos) no sean utilizados o lo sean indebidamente».

«La distribución de competencias en materia de gestión recaudatoria de los reintegros ha mostrado debilidades que es preciso corregir, con el objetivo de garantizar una mayor eficacia recaudatoria», reconoce Hacienda. «Por todo ello –continúa la respuesta escrita–, es primordial, que la información que suministra la contabilidad en relación con los libramientos que, según esta, se encuentran pendientes de justificación, –y los posibles reintegros que, a priori, puedan resultar de aquella–, sea reflejo fiel de los hechos que hayan, en cada caso, acontecido desde la materialización de los libramientos». En caso contrario, «habría que proceder a la corrección o depuración de la información contable».

El Consejo de Gobierno aprobó Decreto-ley 1/2020 de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior, mediante el que se introduce la exigencia de adaptación del subsistema de obligaciones pendientes de justificar del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos (GIRO), para la ordenación de la información y que esta sea reflejo de la verdadera situación de los libramientos. Otras medidas adoptadas han sido «la obligatoriedad de las consejerías a tener un Plan estratégico de subvenciones y dar cuenta a los grupos en el Parlamento andaluz; o el desarrollo de una actuación pionera en nuestro país para evaluar la gestión del gasto y la operativa de las entidades instrumentales mediante un Plan de Auditorías independientes».