El confinamiento provocó un aumento del maltrato a niños

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha apuntado este martes el aumento de las denuncias de maltrato infantil durante el confinamiento ocasionado por el coronavirus. “La violencia de género o violencia a los propios menores son lacras que se produjeron en muchos hogares durante el confinamiento”, ha afirmado Maeztu, quien trabaja en un informe sobre los efectos del coronavirus, cuya fecha de entrega ha situado entre octubre y noviembre. “Mucho nos tememos que el despliegue de sus peores efectos aún no ha finalizado y que dichas consecuencias se están expandiendo en todas direcciones y a lo largo de un plazo aún imprevisible”, ha expuesto.

Maeztu ha asegurado que la pandemia sanitaria ha causado un “profundo daño y hace mella” en los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, y ha apuntado “la terrible certeza” de que los problemas y retos que les que afectan “no desaparecerán”. El Defensor ha confirmado el incremento de las denuncias de posibles situaciones de maltrato a niños y niñas durante el confinamiento: “Desgraciadamente es un hecho constatado que un importante porcentaje de violencia a la infancia se ejerce en la propia familia”.

Durante una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Protección de la Infancia del Parlamento de Andalucía, Maeztu ha presentado los datos del Informe del Menor de 2019 y una catarata de reflexiones sobre las denuncias y quejas. “El informe no se limita a exponer quejas, ofrece también un camino para la solución”, ha apostillado.

Los datos del Informe del Menor de 2019 señalan que la Defensoría de Maeztu desarrolló 5.585 actuaciones, 2.454 fueron quejas y 3.131 consultas. De las 2.454 quejas, 1.789 se iniciaron en el mismo año, 29 de ellas lo fueron de oficio, y el resto eran de años anteriores.

En la identificación de los principales problemas descritos en el Informe del Menor 2019, Maeztu ha apuntado el derecho a la salud, ámbito donde ha identificado “las carencias de la atención pediátrica en zonas rurales”, que se traducen en que sean “los facultativos de Medicina de Familia quienes asuman la atención a menores de edad”.

Maeztu ha señalado que “la salud mental ha empeorado con la Covid”, por lo que ha esgrimido “la falta de unidades de hospitalización de larga y media estancia”, a lo que ha sumado la ausencia de “unidades de tratamiento de anorexia”.

En el derecho a la educación, el Defensor del Menor ha aludido al alumnado de necesidades educativas especiales y “la escasez de profesionales” para su atención, y se ha preguntado por la mejora de esa atención con un cambio de la ratio y el aumento de profesionales. En este ámbito ha apuntado que en 2019 se ha empezado el informe especial de educación rural.

En el apartado del Informe sobre la protección de menores extranjeros no acompañados, Maeztu, ha aludido al rechazo a la instalación de centro de atención en Sevilla, y que las actuaciones institucionales se concretaron en la visita de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, el propio Defensor, y la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía al centro, así como la investigación de la Fiscalía por si los hechos fueron constitutivos de un delito de odio y de un comunicado del Defensor contra la criminalización de los menores.

Maeztu ha dado cuenta de la elaboración de un nuevo protocolo de evaluación de la edad de los menores y ha estimado que el protocolo nacional “va a servir de referencia para que los fiscales no decidan a ojo si son menores o no”.

En el Sistema de Justicia Juvenil, Maeztu ha aludido al fallecimiento de un menor en el centro Tierra de Oria en Almería por la aplicación de medidas de contención mecánica, de la que ha apuntado que, con independencia de las actuaciones judiciales y de la investigación de oficio del Defensor del Pueblo estatal, su Defensoría ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta “la suspensión de la práctica de la sujeción mecánica” a la espera de la reforma del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica en la que trabaja el Gobierno.

Acceso de los menores a la pornografía

Maeztu ya denunció en el Parlamento este verano el capítulo VI del informe, dedicado al acceso de los niños a pornografía, para “llamar a la reflexión” sobre este tema, “un fenómeno en auge” por el hecho de que basta “tener un móvil con acceso a Internet”.

Tras lamentar “la escasez de estudios que aborden este fenómeno”, ha aludido a un informe elaborado en Baleares que apunta que “la edad de acceso a los contenidos pornográficos es a los 14 años”, Maeztu ha desglosado que la educación sexual de los menores a través de la pornográfica arrastra consigo consecuencias como “la cosificación de la mujer, que se convierte en un objeto sexual disponible, emulan las praácticas observadas, el incremento del riesgo de las agresiones, o la dependencia del consumidor, sin madurez psicológica”.

Maeztu ha pedido la colaboración de las empresas suministradoras de acceso a Internet, al tiempo que ha advertido de la brecha digital en la formación de los padres que dificulta el control de éstos sobre los contenidos vistos por sus hijos y ha requerido de la escuela “reflexionar junto al alumnado de las consecuencias del mal uso de la red” y que “analice las relaciones afectivas y sexuales”.

El socialista Felipe López, quien ha considerado la presencia del Defensor del Menor en el Parlamento como “un signo de calidad democrática”, ha abogado por “mejorar las condiciones de las familias”, punto en que ha reivindicado la contribución del Gobierno con una iniciativa como el Ingreso Mínimo Vital, que ha presentado como “una forma de mejorar las condiciones de las familias y de los menores”.

El parlamentario del PP, Francisco José Palacios, ha aludido al incremento del 8% de las denuncias planteadas al Defensor del Menor, que ha considerado obedece a que “los ciudadanos confían más en la institución”, y ha expresado su expectativa sobre el informe anunciado sobre el impacto de la pandemia después de haber conocido el adelanto de datos como el aumento del maltrato infantil en el hogar.

La diputada de Cs, Ana María Llopis, ha expresado que “me ha gustado del informe el anexo sobre problemática de carencia de información sexual” y ha centrado su intervención en “la brecha de desigualdad para llevar la educaciòn a distancia porque no todas las familias tienen los mismos recursos”.

La diputada de Adelante Andalucía, María Isabel Mora, ha planteado al Defensor del Menor que “se haga un resumen por materias con el análisis de cada tema y recomendaciones” y ha considerado que “las mayores lagunas” residen en justicia juvenil. Aquí se ha lamentado del “poco análisis de las denuncias de los menores” y ha pedido “una investigación independiente para no dar por bueno el punto de vista de la administración”.

Mora, que ha llamado la atención sobre el hecho de que “el abandono educativo en Andalucía sea mayor que la media española” y ha reclamado “un pacto educación para no depender de cambios legislativos”, ha planteado “las grandes lagunas en el sistema de protección de los menas”, así como que ha apreciado “la falta de referencia a los problemas de los menores extutelados”.

Maeztu ha escuchado de la diputada de Vox, Ana Gil, una apelación sobre “las medidas de protección para los menores de 10 años” por considerar que se trata de “la etapa más frágil de todas” y ha demandado “colaboración con la Consejería de Igualdad” para contrarrestar “una burocracia interminable para las posibilidades de ser adoptados”.