El Gobierno andaluz trabaja para desatascar 501 instrumentos de planeamiento urbanístico

Cuando la vida parecía un plan simple, tampoco todo lo era. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha defendido en múltiples ocasiones que «las sociedades más libres», las que pueden competir «en términos de progreso», son las que «menos trabas y burocracia tienen» y ha abogado por acabar con la «maraña normativa» que, a su juicio, existe en la comunidad. Una de las banderas del Ejecutivo autonómico integrado por PP y Ciudadanos (Cs) es, sin duda, la «simplificación» y la «agilización» en distintos ámbitos, uno de ellos el urbanístico. En lo que va de legislatura se han aprobado de forma definitiva ocho Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). En concreto en 2019 salieron adelante los de los municipios de Taberno, en Almería, Villamartín, en Cádiz, Frailes, en Jaén y Ardales, Jimena de Líbar y Macharaviaya, en Málaga, este último 18 años después de iniciarse. A éstos se han sumado en 2020 los de las localidades de Benitagla, en Almería, y Archidona, en Málaga, además de otros expedientes de planeamiento, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, que dirige Marifrán Carazo.

Junto a ello, el pasado ejercicio se aprobaron «32 expedientes» entre «innovaciones estructurales, cumplimientos de resolución y correcciones de errores», de acuerdo a lo detallado por las mismas fuentes del departamento de Fomento. En la actualidad, el Ejecutivo autonómico trabaja para desatascar 501 instrumentos de planeamiento general que se encuentran en tramitación. Siete municipios han solicitado ya a la consejería la autorización definitiva a su PGOU y 131 han logrado alcanzar el visto bueno provisional al mismo. No son los únicos. Otros 200 núcleos urbanos más tienen su plan general de ordenación en la fase de aprobación inicial y 163 han alcanzado la etapa de avance de su nuevo PGOU.

Las localidades que han pedido que se permita el arranque definitivo de su plan de ordenación son Códbar, en Almería, que se encuentra pendiente de la Declaración de Evaluación Ambiental (DEA), y otras seis que ya la tienen: Laroya, en Almería; Villarrasa, en Huelva; Santiago de Calatrava, en Jaén; y Constantina, Arahal y El Viso del Alcor, ubicadas en la provincia de Sevilla. En paralelo, se ha demandado la conformación de mesas de trabajo para gestionar los PGOU de otros 27 municipios de la comunidad. De ellos cinco están ubicados en Almería y son Mojácar, Enix, Cantoria, Macael y Uleila del Campo; dos en Cádiz, La Línea de la Concepción y El Gastor; Belalcázar, en Córdoba y Ogíjares en Granada. Otra docena se hallan en Málaga: Archidona, Sierra de Yegüas, Moclinejo, Ojén, Algatocín, Alameda, Vélez-Málaga, Marbella, Yunquera, Casarabonela, El Burgo y Cuevas Bajas. Y por último, hay seis en Sevilla, que son Castilblanco de los Arroyos, La Campana, Alcolea del Río, Arahal, Morón de la Frontera y Osuna.

Desde la consejería se apunta a la «complejidad de la normativa y la tramitación urbanística y sectorial», sobre todo la medioambiental, como «la principal causa del retraso de la tramitación de un PGOU». «Por lo menos en lo que afecta al ámbito autonómico», matizan. Una dificultad que además, «ha ido en aumento», señalan. Si en 2010 entre la aprobación inicial y la definitiva de esa figura de ordenación urbana transcurría «una media de cuatro años», en 2015 se elevó a los «seis y medio» y más tarde hasta llegar a los «más de 11 años», detallan. Es más, en el caso de que se contemple la aprobación del avance del PGOU, el espacio temporal total de tramitación puede «superar ampliamente los 12 o los 13 años», lo que, los representantes de este Gobierno andaluz entienden que «no es admisible».

La nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz, en corto LISTA, propulsada desde el área que coordina Carazo y que está aún en tramitación, «agilizará» el proceso y «permitirá acortar los plazos para el desarrollo municipal», según garantizan desde esa consejería. La norma supondrá una revisión del marco normativo que estaba vigente en la comunidad en materia de ordenación del territorio y de urbanismo. Tal vez sea hora de avanzar no hacia la planificación urbana sino hacia la planificación de la vida urbana.