Segunda gran caravana con miles de coches contra la Ley Celáa

Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en «Más Plurales», se manifestaron ayer en todas las capitales de provincia salvo Cádiz -en su lugar, lo han hecho en Jerez de la Frontera- en protesta contra la Lomloe, conocida como «Ley Celaá». Es la segunda gran movilización con caravanas de vehículos, adornados con motivos naranjas, con itinerarios aprobado por las autoridades competentes. «Más de 20.000 participantes, al igual que ocurrió con las marchas del pasado día 22 de noviembre», salieron a las calles, según fuentes de Feuso. Las entidades convocantes quisieron trasladar con esta acción de protesta tanto a la opinión pública como a grupos políticos «el amplio rechazo social» que causa esta reforma y protestar ante el avance de la ley y la posibilidad de que esta semana pueda ser aprobada en el Senado. «Con esta manifestación se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio», añadieron. Según los convocantes, patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada «coinciden en rechazar» la Lomloe, «tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido», añadieron en un comunicado. Los representantes de la concertada y privada, que este miércoles pasado presentaron en la Delegación del Gobierno de Andalucía un escrito formal con las enmiendas que desde la Plataforma «Más Plurales» Andalucía se proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual. Aseguran que la Lomloe «supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

Las citadas entidades consideran que «al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos». Critican que para hacerlo «se inventa un derecho a la educación pública completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados».