Andalucía registró la segunda tasa de litigiosidad más alta del país en 2020, pese a una caída del 13%

“Andalucía presenta una tasa de litigiosidad superior en un 10% a la media estatal: si en el conjunto del Estado ha sido de 116,5 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2020, en el ámbito del TSJA -Tribunal Superior de Justicia autonómico- dicha tasa es de 128,3 asuntos, la segunda más alta de España -tras Canarias-”.Es un párrafo de la memoria anual de actividades y funcionamiento del órgano judicial regional relativa al pasado ejercicio hecha pública hoy, en la que también se refleja que la crisis sanitaria sufrida causada por el coronavirus si bien ha conllevado la reducción del número de asuntos ingresados en los tribunales y juzgados de Andalucía, Ceuta y Melilla, también ha provocado un alza de las causas pendientes. En concreto durante los tres meses de confinamiento estricto, en los que se mantuvieron sólo los servicios esenciales y urgentes, se suspendió el 90 por ciento de los señalamientos y las actuaciones previstas.

De acuerdo al documento difundido desde la oficina de comunicación del TSJA, los juzgados y tribunales andaluces ingresaron el año pasado 1.078.773 asuntos, frente a los 1.246.678 del ejercicio anterior, lo que supone un 13% menos. La bajada se dejó notar “en todos los órdenes jurisdiccionales”.

Un punto más, un 14%, fue lo que descendió el número de asuntos resueltos, que fueron 1.035.821. En trámite quedaron 650.587, esto es, un 8% más. Desde el Alto Tribunal andaluz lo achacan a la grave incidencia de la pandemia en la Justicia.

Diferencias entre jurisdicciones

Por jurisdicciones, en la Civil, el número de asuntos registrados alcanzó los 353.651, un 8% menos que en 2019, se resolvieron 334.604, un 11% menos, y quedaron en trámite 334.820, un 7% más. Por lo que respecta a la Penal, en su casoentraron 610.130 asuntos, un 13% menos, se gestionaron 597.809 asuntos, lo que significó una rebaja del 15%, y quedaron en trámite 165.159 asuntos, un 12%.

El mayor bajón se produjo, con todo, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, alsituarse en un 40%, dado que se anotaron 46.847 asuntos. Se solventaron en ese ámbito 48.956 asuntos, un 24% menos que en 2019, y los que aún estaban en trámite a finales del año pasado ascendieron a 58.706. Esto significó un 3% menos de la pendencia, lo que rompió la tendencia al alza del ejercicio previo, cuando hubo un elevado ingreso de asuntos en materia de extranjería.

En la jurisdicción Social se contabilizaron 68.145 nuevos asuntos, un 8% menos, con 54.452 resueltos, un 12% menos; y en trámite 91.902 asuntos, un 16% más.

En cuanto a la violencia sobre la mujer, los juzgados del territorio recibieron en 2020 un total de 31.401 denuncias de ese tipo, un 10% menos que en 2019. Se solicitaron 7.978 órdenes de protección, de las cuales se adoptaron el 80%, un porcentaje que implicó 6.372 órdenes de protección acordadas.

Un horizonte “incierto” para 2021

En ese contexto, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha avisado de que el horizonte para 2021 es “incierto”, con “una previsión del incremento de la litigiosidad en índices muy elevados”, según han trasladado desde el Alto Tribunal regional, para añadir que “serán los efectos de la pandemia los que produzcan un aumento considerable de asuntos en la jurisdicción Social y Mercantil”.

A la luz de los datos, será la jurisdicción Social la que puede sufrir el mayor colapso y “donde ya se trabaja en una situación de sobrecarga y retraso alarmante en la tramitación de los procedimientos y señalamientos de juicios” y en materias delicadas como despidos y ERTE -expedientes de regulación temporales de empleo-, “que afectan a los derechos más personales de los trabajadores”.

Para Lorenzo del Río el plan especial de la Junta para la reactivación de la Administración de Justicia tras la crisis sanitaria es “una medida positiva”, aunque “necesitada lógicamente de revisión y control permanente para su eficiencia”. Si bien, teme que “no incida sensiblemente y por igual en la tasa de congestión de todos los partidos judiciales, lo cual exigiría duplicar señalamientos, contar con más salas de vistas, mejores medios telemáticos...”. En relación a lo último, en la memoria difundida hoy se asevera que la pandemia ha evidenciado “la falta de modernización del poder judicial” y de apuesta por la Justicia digital.

A juicio de Del Río, la incidencia de la crisis sanitaria habría sido “mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico”, por lo que ha abogado por “extender a todos los actores” del sistema judicial “la dotación de los medios tecnológicos precisos para acceder a distancia a los sistemas de gestión procesal”. La alternativa del teletrabajo en la Administración de Justicia “es hoy por hoy inviable con los actuales recursos telemáticos”, ha advertido, para agregar que para avanzar será “imprescindible” también “contar con nuevas plazas judiciales y mejorar los planes de refuerzo, sin olvidar la mejor optimización de ciertos órganos y recursos personales”.